Según explica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado, la Fiscalía pide para el acusado, identificado como Juan Manuel S. Q., una pena de ocho años de prisión, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un plazo de once años.
La Fiscalía sostiene que el procesado, con el ánimo ilícito de enriquecerse, adquirió tanto de particulares como en armerías de Estados Unidos, Bélgica, Austria y Alemania, entre otros países, un elevado número de municiones, armas inutilizadas y cañones, entre otras piezas.
Después procedía a rehabilitarlas y ensamblarlas hasta conseguir armas de fuego completas que destinaba al tráfico ilícito. El acusado no regentaba ningún establecimiento legalmente autorizado para la compraventa o la reparación de armas de fuego y carecía de la condición de «armero» que exige el reglamento de armas para fabricar, reparar o comerciar con armas de fuego o con sus piezas.
Entre las piezas fundamentales que se intervinieron con su detención, en las que se cree que había invertido 100.000 euros, había cañones, conjuntos de cierre, correderas, un cajón de mecanismos y los complementos necesarios para rehabilitar fusiles de asalto y pistolas. En el registro de su domicilio se hallaron 4.000 euros en billetes de 50 y 2.800 dólares estadounidenses que presuntamente había conseguido con la venta de sus productos.
Según informó la Guardia Civil cuando detuvo a Juan Manuel S. Q en diciembre de 2012, en un taller que tenía en Alcalá de Henares (Madrid) se hallaron diez armas completas, entre ellas dos fusiles de asalto AK47, numerosas piezas y más de 15.000 cartuchos.
Los investigadores descartaron que el militar tuviera intención de usar las armas para cometer algún ataque y determinaron que su objetivo era comerciar con ellas. Solía adquirir las armas por internet y las recibía por correo, hasta que la Guardia Civil detectó uno de los paquetes. La vista oral del juicio comenzará el miércoles en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid.
