Igualmente, la Justicia exige una fianza de 29 millones de euros a los dos acusados en la causa reabierta por la Audiencia Provincial sobre la venta de estas viviendas, Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda. El juzgado dictamina que si éstos no pudiesen afrontar el pago, le correspondería a Fidere responder como responsable subsidiaria. Igualmente, Oslé deberá abonar otra fianza de tres millones de euros.
El auto del tribunal se produce después de que en el mes de mayo la Audiencia Provincial de madrid reabriese el caso de la venta del parque de viviendas públicas por parte del Ejecutivo de Ana Botella. Así, se instaba a continuar con la investigación por prevaricación, malversación y fraude a algunos de los miembros de dicho Gobierno. En este sentid, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid avanza la posibilidad de que del proceso pudiese emanar una posible sentencia condenatoria, lo que supondría devolver a titularidad pública la propiedad.
La Cámara de Cuentas ya advirtió en un informe publicado recientemente que durante el proceso de enajenación se obviaron los controles pertinentes, del que determinados actores se beneficiaron. Y es que según el fallo, hubo información privilegiada al fondo de inversión, llegándose incluso a pagar dos millones de euros a una empresa que sirvió de intermediaria en la operación de compraventa, sin que ni siquiera se haya podido probar su participación en el procedimiento.
Llegados a este punto, el escrito indicaba que “se articuló sin la elaboración de los oportunos pliegos administrativos, sin la perceptiva publicidad y concurrencia y, sobre todo, sin la previa fijación de un precio inicial de referencia basado en una tasación o en un estudio previo adecuado sobre el valor de los inmuebles enajenados”.
El mismo órgano fiscalizador cifró en 25 millones de euros el perjuicio que supuso para el erario público la venta de las 1.860 viviendas; es más, el Tribunal de Cuentas condenó en diciembre del año pasado a la exalcaldesa Ana Botella y seis de sus concejales a pagar 22,7 millones de euros por vender de forma «ilegal», sin concurrencia, publicidad y por debajo de su precio, las viviendas al fondo de inversión Fidere.
