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El juzgado acuerda apertura del juicio oral de la Operación Guateque

La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra 32 personas por el denominado "caso Guateque", en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en la concesión de licencias municipales en Madrid.
 
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la magistrada Rosa María Freire Pérez ordena la apertura de juicio contra 32 personas, frente a las 34 imputadas inicialmente, en un auto fechado el pasado día 16 y notificado hoy a las partes.
 
La magistrada dicta asimismo varias medidas cautelares, entre ellas mantener la libertad provisional de los acusados y requerirles las correspondientes fianzas -de entre 2.000 y 764.300 euros- para asegurar sus posibles responsabilidades.
 
También declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Madrid, que deberá depositar por este concepto 28.000 euros en el plazo de veinticuatro horas, así como la responsabilidad civil de la empresa Riaño S.L., aunque sin establecer una cuantía.
 
Los delitos atribuidos a los imputados, según cada caso, son prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, prevaricación medioambiental, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, delito contra el patrimonio histórico y delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.
 
Contra este auto no cabe recurso y el juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid en los próximos meses. La jueza instructora cita para el próximo 27 de julio a las 32 personas procesadas y a la empresa Nuevo Riaño S.L. para comunicarles este auto.
 
En el denominado "caso Guateque" se ha investigado desde 2007 una supuesta trama de corrupción para la agilización de la concesión de licencias municipales en Madrid y la Fiscalía pidió el año pasado más de 250 años de prisión para 34 acusados, entre ellos 19 funcionarios del Consistorio de la capital.
 

El caso ha pasado por tres jueces, el primero de ellos Santiago Torres, quien fue multado con 1.000 euros por la Comisión Disciplinaria del CGPJ por "retraso injustificado" en la tramitación de esa causa. 

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