Madrid necesita un sistema que facilite la tramitación de licencia de actividad a los emprendedores y que, al mismo tiempo, garantice la máxima seguridad al conjunto de la ciudadanía. Esta son las premisas que, a juicio del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Jaime Lissavetzky, deberían regir la nueva ordenanza sobre licencias de actividad. Sin embargo, todo apunta a lo contrario: “El PP está planteando una normativa que, de nuevo, tiene en contra a todo el mundo: arquitectos, ingenieros, empresarios de ocio… “, ha asegurado. “En este momento crucial, la alcaldesa debe dialogar. Sin embargo, sólo impone”, ha señalado.
En conferencia de prensa, acompañado por los ediles Diego Cruz, Marcos Sanz, Pablo García-Rojo y Gabriel Calles, Lissavetzky ha calificado el proceso “de broma pesada” que ha vivido la regulación sobre licencias de la capital en los últimos tiempos. En total, cinco años de litigios y recursos perdidos por el Consistorio –que debe abonar las costas de los juicios- hasta finalizar con una sentencia del Tribunal Supremo donde se “evidencian los errores de bulto que ha cometido el equipo de Gobierno”, ha relatado el portavoz.
Tras la Operación Guateque, el Ejecutivo del PP tomó la decisión de arrebatar a los servidores públicos la competencia de otorgar licencias para cederla a entidades privadas, las conocidas ECLU (entidades colaboradores de licencias urbanísticas). Varias sentencias después, el Alto Tribunal rechazó lo que Lissavetzky considera “un atajo para saltarse normas establecidas”. “Todos estamos de acuerdo en que hay conseguir que los trámites para pedir una licencia sean sencillos pero este fin no justifica los medios que el PP empleó: dejarlo en manos privadas. Los socialistas no estábamos de acuerdo y el Supremo tampoco”, ha añadido. “En una cuestión tan trascendental para la ciudad de Madrid como son las licencias requiere el predominio de lo público, del trabajo de los servidores públicos”, ha zanjado.
Lissavetzky ha manifestado su temor a que el Ejecutivo que dirige Ana Botella apruebe una nueva ordenanza que, una vez más, podría vulnerar la ley. “Plantean un modelo de concesión de licencias más caro y con inseguridad jurídica. Está claro que, ni siquiera cuando rectifican, aciertan. Hacer malabares con lo que dicen los fallos judiciales es otra broma de mal gusto. Si finalmente contraviene lo establecido en la sentencia del Supremo, nos veremos obligados a recurrir de nuevo a los tribunales y, desde luego, si hay un cambio de Gobierno en los próximos meses, el PSOE apostará por modificar la normativa”, ha asegurado.
Control, sólo en un tercio
Lissavetzky pone el acento en la seguridad tanto para los emprendedores como los ciudadanos. Lo ejemplifica con la apertura de un negocio que requiera obras de reforma del local. El planteamiento del PP se limita a dar el visto bueno y deja a un posterior control por parte de los técnicos el efectivo cumplimiento de todos los requisitos legales. Sin embargo y según la última memoria del Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA), en la actualidad, el Ayuntamiento sólo inspecciona un tercio de los expedientes tramitados, “lo que supone una dejación de responsabilidades”, ha apuntado.
A las sentencias, el proyecto de nueva ordenanza y las alegaciones a la misma que han presentado diversos colectivos (arquitectos, ingenieros, empresarios…), se suma el constante baile de sillas. Inicialmente, la concesión de licencias era competencia del área de Urbanismo, sin embargo se decidió transferir al área de Economía para poner énfasis en la recuperación de la actividad económica. Con las repetidas modificaciones del equipo de Gobierno que ha realizado Ana Botella, ahora es el área de Hacienda la que se responsabiliza sobre este asunto. Es este área la que lidera el desarrollo de la nueva ordenanza pero, en paralelo, “el área de Urbanismo está preparando una ordenanza sobre este mismo asunto”, ha explicado Lissavetzky.
Ana Botella debe dialogar
Para Lissavetzky, la cuestión de las licencias supone un ejemplo más de la actitud de la alcaldesa Ana Botella en esta fase final del PP en Madrid: en lugar de dialogar con la sociedad madrileña y la Oposición representada en el Consistorio, opta por la vía de la imposición. “Ya está bien de diseñar actuaciones en contra todo el mundo. Deje de aprobar cosas en contra del sentido común y de lo que dicen los tribunales”, le ha reclamado Lissavetzky.
