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27/10/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Madrid acogerá a activistas perseguidos durante un periodo de tres meses
Una delegación del Ayuntamiento de Madrid y de la Fundación Mundubat visita Colombia del 28 de octubre al 1 de noviembre para presentar allí el Programa de Acogida Temporal de Personas Defensoras de los Derechos Humanos, que a partir de 2019 convertirá Madrid en un lugar de protección temporal de activistas perseguidos en otros lugares del mundo. 

Asimismo, la delegación, encabezada por el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, comprobará de primera mano la situación de los derechos humanos y de las personas que los defienden en Colombia. También mantendrá contactos y reuniones con organizaciones y activistas que cumplen los requisitos para acogerse al programa. 

“Con este viaje, queremos poner de manifiesto a las autoridades y a las organizaciones de derechos humanos colombianas nuestro compromiso con el proceso de paz en Colombia, así como hacer una llamada al respeto de los derechos humanos y de las vidas de quienes los defienden en este país”, ha declarado Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid. 

Junto a Valiente viajarán también a Colombia Rafael Escudero, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid; María Eugenia Rodríguez Palop, subdirectora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III; Sonsoles García Nieto, presidenta de la Red de ONGD de Madrid, e Ignacio Aznar, coordinador del programa de acogida. Todos ellos forman parte del comité de selección que examinará las candidaturas de activistas de derechos humanos que soliciten acogerse al programa. 

Por su parte, el director de Mundubat, Antonio Montoro, ha destacado la importancia de apoyar a las personas defensoras de derechos humanos, asegurando que “su compromiso es fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social”. En ese sentido, ha señalado que es parte esencial del programa  “contribuir a dar a conocer sus luchas y hacerles sentir apoyados”. 

El programa, que forma parte de las medidas del Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, está financiado por el consistorio y es gestionado por la ONGD Mundubat. El proyecto permitirá a las personas defensoras de los derechos humanos ser acogidas en Madrid durante tres meses en un ambiente seguro donde recibirán atención psicosocial, si es necesaria, y desarrollarán actividades de sensibilización de la población. También serán presentadas ante las autoridades políticas de las causas que defienden, buscando ampliar y fortalecer las redes de apoyo de sus organizaciones. 

 

Activistas bajo amenaza en Colombia

Los defensores y defensoras de derechos humanos comprometen su vida denunciando públicamente las injusticias. Esto les convierte en un objetivo para las organizaciones violentas, así como los grupos de interés y poder que se benefician de violaciones de derechos humanos. A menudo, esto se transforma en amenazas, persecuciones e incluso asesinatos. Se estima que, en 2017, 312 personas defensoras perdieron la vida en todo el mundo. Un 80% de estos crímenes se concentraron en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas. 

La primera edición del Programa de Acogida Temporal de Personas Defensoras de los Derechos Humanos se centrará en Colombia, país que vive una difícil transición hacia la paz tras el acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano en 2016. 

A pesar del cese de las hostilidades, los conflictos sociales se siguen cobrando centenares de vidas cada año, incluyendo las de defensores y defensoras de los derechos humanos. En tan solo 18 meses –entre noviembre de 2016 y mayo de 2018– 282 líderes sociales y activistas fueron asesinados. 

La elección de Colombia como protagonista de la primera edición del programa tiene que ver también con el hecho de que en 2016 y 2018 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid manifestó su apoyo incondicional a la implementación de los acuerdos de paz y la defensa de los derechos humanos en dicho país, señalando su preocupación por las situaciones de riesgo a las que allí se ven expuestas las personas defensoras de los derechos humanos. 









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