La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido este lunes en la comisión municipal de Cultura y Deportes que en este proceso deben garantizarse «los derechos de unos y de otros» y ha criticado que se impute «la realización de actos delictivos sin que los aludidos hayan podido defenderse». Además, la regidora madrileña, ha negado que esté estirando la investigación de la Oficina Antifraude «como un chicle», tal y como le ha acusado la edil Sofía Miranda de Ciudadanos: «no se estira nada, se lleva a los procedimientos».
Y explica que después de que la Oficina Antifraude enviase su informe a la dirección general quedó claro que la competencia era de la junta general de Madrid Destino, que según han informado a Efe fuentes municipales se celebrará el jueves. Además ha añadido que «independientemente» de lo que se acuerde en esa junta general no se puede volver a convocar el concurso por el que se adjudicó una plaza en Cineteca a la hija del consejero delegado, como pide la oposición, porque «ya existe un procedimiento establecido para las decisiones en un concurso de méritos».
Sin embargo, para la edil del PP Isabel Rosell este contrato es el «mayor escándalo» desde que Carmena está al frente de Madrid Destino y desde el «affaire» del Open de Tenis de Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato. Además ha denunciado «la participación reprobable del consejero delegado en todo el proceso de contratación de su hija», desde el inicio de la memoria hasta la definición del puesto, a juicio del PP «un traje a medida».
Por su parte, Sofía Miranda (CS) ha acusado a Carmena de escurrir el «aprieto» en el que le ha metido la oposición por un contrato «que la oficina Antifraude considera dudoso» y de «seguir estirando el chicle». «Ambos partidos han hecho de Madrid Destino un avispero y ahora toca desinfectarlo», ha espetado por su parte la edil del PSOE-M Mar Espinar, quien también ha acusado al Gobierno municipal de hacer «luz de gas» a la oposición que denunciaba «irregularidades».
El pasado mes de noviembre, la Oficina Antifraude del Ayuntamiento emitió un informe a petición de Ciudadanos en el que observaba un «posible conflicto de intereses» en la contratación en el seno de Madrid Destino de Jara Fernández, hija del actual consejero delegado de la empresa pública.
