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19/12/2018 - Aarón Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Madrid y otras ocho ciudades piden participar en la reforma del bono social
Los ayuntamientos de Barcelona, Cádiz, Madrid, Pamplona, Rivas-Vaciamadrid, Sant Feliu de Llobregat, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza piden participación directa en la reforma del bono social de energía eléctrica para los consumidores vulnerables.

Según informa el Ayuntamiento de Barcelona, los nueve consistorios han enviado una carta conjunta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que le piden cambios en el bono social y la formalización de un espacio de trabajo conjunto para la reforma de esta ayuda para una interlocución directa "sin órganos intermediarios". En la carta proponen cinco cambios en el bono social.

El primero, ampliar la cobertura a los clientes de comercializadoras que no sean de referencia para que cualquier cliente pueda gestionar este bono social, ya que a fecha de hoy solo tienen acceso al bono social los clientes de 8 comercializadoras en toda España (las 5 del oligopolio y tres más), de entre las más de 700 que existen.

"Esto es una discriminación injustificable, que supone canalizar los recursos públicos hacia un grupo de empresas que dominan el sector y, además, excluye a más de la mitad de los contratos, tanto en cuanto a la ayuda como a la protección contra el corte de suministro", indica la carta.

El segundo cambio que proponen es que las empresas energéticas estén obligadas a adaptar los contratos de las familias vulnerables a sus necesidades reales -optimización de la potencia y de la tarifa- antes de aplicar el bono social y así evitar subvencionar "descuentos sobre facturas mucho más altas de lo que sería necesario". Además, solicitan que la aplicación del bono social sea automática, como ocurre en Portugal desde el año 2016; que se aplique el principio de precaución tal como recoge la Ley catalana 24/2015 de pobreza energética para que las empresas energéticas no puedan cortar los suministros sin comprobar que la familia o persona no esté en situación de vulnerabilidad y que se destinen recursos y personal a los ayuntamientos para la formación, asesoramiento y acompañamiento energético de las familias vulnerables.

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