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05/10/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Madrid reduce la velocidad a 30 kilómetros en la mayoría de sus calles
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy la nueva ordenanza de movilidad sostenible que reduce la velocidad de la mayoría de las calles de la capital, las de un carril por sentido o un solo carril, a 30 kilómetros por hora.

Además, impide la circulación de cualquier vehículo por las aceras para dar prioridad al peatón y permite que los patinetes eléctricos puedan ir por casi toda la ciudad a excepción de ciclocarriles y aceras, donde bicis o patines deben ir al ritmo de los viandantes. El texto aprobado en el pleno municipal ha salido adelante con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE, mientras que el resto de grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, han rechazado la norma tras calificarla como un "pufo" que condiciona a los gobiernos futuros.

"Es un momento importante para el Gobierno y para todo el Pleno con esta nueva ordenanza que introduce los cambios producidos por la transformación y la explosión de nuevos modos de movilidad y con nuevas necesidades de movilidad de las ciudades", ha apuntado la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés.

La ordenanza sustituye a la anterior, de 2005 y cuya normativa fue modificada en los los sucesivos, siendo 2016 el último ejercicio en el que se vio alterada el marco legislativo. Los populares ya habían previsto acondicionar la ordenanza a los requerimientos de calidad del aire y movilidad en la ciudad en la anterior legislatura, cuando las siglas conservadoras ostentaban la Alcaldía. Además de abordar estos ámbitos de actuación, el nuevo texto
 propuesto por Ahora Madrid incluye la implantación de Madrid Central, donde la preminencia la tiene el transporte público y dando nuevas posibilidades al peatón. Sabanés tampoco se ha olvidado de la eclosión de nuevos modos de distribución urbana y entrega domiciliaria asociados al comercio electrónico.

"Llegó el momento de abordar una nueva regulación que incorpore estos elementos", poniendo las bases jurídicas de la actuación municipal. La ordenanza, que se empezó a trabajar en febrero de 2017, llegó a recibir 1.057 alegaciones de personas físicas y organizaciones, de las que se aceptaron algo más del 25%.

 









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