(EFE). El interventor delegado en Medio Ambiente y Movilidad, Ángel Calonge y el director de la Asesoría Jurídica municipal, Ángel Luis Ortiz han explicado que estos informes no eran necesarios para autorizar la cesión del contrato de Bicimad a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), pese a que los partidos de la oposición habían censurado la ausencia de estos documentos.
Además, al término de la comisión, donde PP y Ciudadanos han cuestionado un informe externo solicitado por el Ayuntamiento al Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid en octubre de 2016, Maestre ha explicado que este documento no buscaba asesoramiento jurídico sino un análisis «amplio» sobre posibles escenarios para la recuperación de Bicimad.
El Gobierno de Ahora Madrid no tenía por qué poner en conocimiento de la Asesoría Jurídica que había encargado este informe que no buscaba asesoramiento legal, ha añadido la concejal contradiciendo lo dicho hoy por el PP. Además, la portavoz del Gobierno municipal ha defendido que la nota interna en la que Calonge cuestionaba la operación, al entender que debía tramitarse como una remunicipalización y no como una cesión de contrato, no era vinculante sino informativa, como las «decenas» que hay cada día de intervenciones delegadas, además de referirse a un expediente que caducó.
A lo largo de varios meses, el Gobierno de Manuela Carmena evaluó cuál era la mejor forma de mantener el servicio de alquiler de bicicletas aplicando criterios técnicos, políticos así como documentos de asesoramiento como el elaborado por la Autónoma, ha añadido la portavoz.
En cambio, el portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Sergio Brabezo, ha censurado que el Gobierno obviase la petición de acudir a la Asesoría Jurídica hecha por el interventor delegado y ha considerado que el informe pedido a la Autónoma implica que «se dio validez política a espaldas de Asesoría».
La formación naranja considera que la cesión debería ser «nula», según ha asegurado Brabezo. Por su parte, la concejal del PSOE-M Mercedes González ha asegurado que «nadie sabe nada» sobre la concesión a Bonopark en 2013 aunque luego consideran que la operación fue «pluscuamperfecta».
«Este servicio se dio a una empresa insolvente, desde el principio funcionó mal y luego ha acabado como ha acabado, era la crónica de una muerte anunciada», ha defendido la edil socialista, que cree que está acreditado que «algo no se hizo bien con el PP» y espera que próximamente «se aclare qué cosas no se hicieron bien con Ahora Madrid».
Además, de Ángel Calonge y de Ángel Luis Ortiz hoy ha comparecido en la comisión de investigación Federico Adrados, subdirector de Medio Ambiente y Movilidad, Federico Adrados bajo el Gobierno de Ana Botella que se ha desvinculado de los pliegos del servicio en 2013, pues él se encargaba de los lotes 1,2,3 y 4 de los contratos integrales pero no del quinto, el de bicicletas y vayas.
