La delegada de Hacienda y Personal del consistorio, Engracia Hidalgo, indicó que se había decidido “desterrar la práctica general de adjudicar los contratos menores directamente”. El PP recupera dicho requisito e incluirá las cláusulas sociales, impulsándose también el primer programa de contratación medioambiental: «Un plan de auditoría en el que se contemplen contratos, subvenciones sobre proyectos de generación de empleo, análisis de las políticas de evaluación de las políticas públicas».
Si bien en los gobiernos anteriores a Manuela Carmena se estipulaba como requisito la presentación de tres presupuestos u ofertas, el Ejecutivo de esta última acordó que únicamente se obligaba a la aprobación del gasto y la incorporación del mismo de la factura en los contratos menores, siendo el límite de 50.000 euros -IVA excluido- para las adjudicaciones de obras, y de 18.000 euros para el resto. De esta manera se dejaba sin efecto el decreto aprobado en 2012 que incluía entre las claúsulas de contratación solicitar un mínimo de presupuestos.
Pablo Soto ha puesto en valor la ordenanza de Transparencia aprobada en el anterior mandato, que no consiguió salir adelante por unanimidad al no contar con el apoyo del PP. «Las tres ofertas en los contratos menores no han servido en ninguna trama de corrupción para que no se dieran a dedo. Transparencia es publicar las facturas», ha defendido.
