Ahora la última noticia acerca de la nueva Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación es que, cabe la posibilidad, de que con ella se puedan cerrar empresas o aniquilar negocios que "supuestamente" hayan cometido discriminación.
Esta nueva ley se aplicará prácticamente en todos los ámbitos sociales, desde negocios y empresas a asociaciones, entidades ciudadanas y todas aquellas agrupaciones que requieran personas y fuerza de trabajo de por medio.
En caso de la comisión de sanciones muy graves, como vejaciones o faltas a los derechos fundamentales de las personas, las sanciones ascenderán entre 60.000 y 500.000.
Quiénes pondrán estas multas
Las administraciones públicas serán las encargadas de imponer estas sanciones. Además, la Administración General del Estado tendrá que solicitar un informe a las comunidades autónomas afectadas, cuando el ámbito de la infracción cometida sea superior al de la propia comunidad.
Creación de nuevas figuras
Tal y como se ha anunciado desde el Gobierno central, de cara a poder llevar a cabo esta nueva ley, se van a crear algunas figuras. Es el caso de los fiscales especiales que se contempla crear, que el Fiscal General del Estado designe a un Fiscal de Sala delegado a la tutela de la igualdad de trato y la no discriminación. Además, también se tiene pensado formar a los miembros del Ministerio Fiscal, para que todos puedan realizar estas nuevas labores de la mejor forma posible.
Por encima de todas ellas, estará la nueva figura también de "Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación", cargo que también nacerá con la nueva ley. Apoyará a los discriminados, mediará en los procesos e investigará en algunos casos en que sea necesario. De esta manera, todas las administraciones y particulares deberán prestar la colaboración necesaria a la Autoridad, cuando esta lo necesite. Un trabajo en cadena y unitario que fomenta la colaboración entre todas las partes y asegura el buen trabajo realizado. Sin mbargo, sólo podrán acceder al cargo de "Autoridad" personas designadas por el Gobierno.
Una discriminación que no vale
Según la nueva ley, está prohibido discriminar por lengua, pero se especifica que dicha prohibición "excluye cualquier diferencia de trato por el uso del castellano en todo el territorio nacional así como por el uso de las distintas lenguas cooficiales en sus respectivos territorios y en aquellos otros ámbitos previstos en las leyes".
