Nuevo proyecto para la investigación del consumo

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Ofrecer mayores garantías a los consumidores es el objetivo de la Oficina de Investigación de Consumo, unidad administrativa que se adscribe al Instituto Municipal de Consumo, cuya puesta en marcha ha aprobado el Ayuntamiento a propuesta del Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana. La nueva oficina, en colaboración con otras administraciones y organismos públicos, asumirá la investigación de posibles problemas emergentes en materia de consumo y la realización de informes de las actuaciones que desarrolle. Su finalidad no es otra que la de informar y prevenir a los ciudadanos sobre situaciones que pudieran suponer un riesgo para sus derechos como consumidores.

Esta iniciativa se enmarca dentro del objetivo del Gobierno de la Ciudad de promover un crecimiento económico sostenible e inclusivo. En tiempos de crisis económica existe una especial necesidad de adoptar nuevas políticas de consumo. Los consumidores sufren de forma directa la crisis pero también tienen que ser el motor, junto a las empresas, de la recuperación económica.

Actualmente, los consumidores tienen acceso a una ingente variedad de bienes y servicios, lo que les obliga en muchas ocasiones a adoptar decisiones en las que asumen un cierto riesgo por la naturaleza cada vez más diversa y compleja de los productos que ofrece el mercado. Para conseguir que el consumidor madrileño tenga plena confianza es necesario mejorar de forma permanente la accesibilidad, la posibilidad de elección y la transparencia en el mercado, a través de una adecuada información y conocimiento de cláusulas contractuales para que no vulneren los derechos.

La Oficina de Investigación del Consumo se encargará además de la realización de actuaciones preventivas sobre consumo dirigidas a comerciantes, empresarios y profesionales que puedan surgir como consecuencia de las campañas de inspección o el seguimiento de denuncias. Completará, de esta manera, las actividades de promoción  que desarrolla el Ayuntamiento en la elaboración e implantación de códigos de buenas prácticas de consumo como instrumento de autorregulación empresarial.

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