Así lo ha explicado hoy en el pleno municipal el director de la Oficina, el magistrado Carlos Granados, que ha detallado que el requisito para investigar es que haya un registro garantista y una aplicación para tramitar denuncias «anónimas» o «reservadas» respetando el «sigilo» y la «confidencialidad».
«No es sencillo y así me lo han transmitido las otras agencias que llevan años», ha afirmado Granados, quien ve «deseable» que los plazos fuesen «más ágiles» aunque no cree que haya un gran retraso puesto que esta función se asumió en abril, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimase un recurso de la Delegación del Gobierno contra este órgano.
Tras la incorporación de una encargada de la oficina auxiliar y un consejero técnico la pasada semana, se han reunido «en una hoja de Excel» las ocho denuncias presentadas hasta las fechas para «iniciar su tramitación» de forma transitoria, ha detallado Granados en su comparecencia.
El magistrado ha subrayado que el «ADN» de esta Oficina no es la inspección sino la prevención, ya que la investigación tiene un «recorrido «corto» porque este órgano no puede desempeñar funciones ni de Policía, ni de Fiscalía ni del poder judicial y en caso de detectar irregularidades se limitará a trasladarlas al órgano competente. En el ámbito de la prevención, la Oficina ha hecho 70 visitas a distintos organismos para analizar las «debilidades» en el funcionamiento de la administración local.
El tercer teniente de Alcalde, Mauricio Valiente, ha defendido que se ha hecho un buen trabajo de prevención y de preparación pero ha admitido que «hacen falta mas medios» y en ese sentido han sido «lentos». Valiente ha dicho al PP que no se preocupe por quiénes investigan, ya que «hay un funcionario de nivel 30 que está buscando colocación» y que con su «expertise» podría «aportar mucho a esta lucha contra la corrupción», en referencia al expresidente madrileño Ignacio González, que ha solicitado su reincorporación al cuerpo de funcionarios.
Por su parte la portavoz del PSOE-M Purificación Causapié ha pedido recursos para crear el consejo asesor y ha añadido que aunque es cierto que se va «tarde» el PSOE-M «desde el primer momento ha estado empujando» mientras que otros «han estado empujando en la dirección contraria», en referencia a las críticas de PP y Ciudadanos y al recurso de Delegación de Gobierno.
«Han llegado a decir que estábamos votando una ilegalidad», ha subrayado.
En representación del PP el edil Percival Manglano ha pedido que la Oficina investigue los «indicios de prevaricación» que a su juicio hay en que aún no se haya desalojado el edificio municipal okupado en la calle Gobernador, así como la «red clientelar» que según el PP está creando Ahora Madrid «dirigiendo recursos públicos a asociaciones ideológicamente afines».
La Oficina Antifraude «tiene mucho que hacer», ha subrayado también la concejal de Ciudadanos Silvia Saavedra, quien ha citado 3 millones de euros en contratos menores, las subvenciones directas y nominativas, la petición de informes jurídicos externos al margen de la asesoría municipal o el despido de personal como la anterior interventora general, Beatriz Vigo.
Granados ha respondido que todos los grupos tienen abierta la Oficina para cualquier denuncia y ha reivindicado la independencia de un órgano que se somete al control del Pleno pero que en su opinión «no tiene oposición» porque trabaja para toda la Corporación y no puede ser instrumentalizado por ningún partido. Además ha pedido no «demonizar» los contratos menores, que se pueden suscribir siempre que se respete la ley.
