Ocho años de derroche que van a pagar los madrileños con ajustes muy duros. Es para el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia un buen resumen de la situación económica de Madrid, de plena actualidad por la manifestación que protagonizarán hoy los empleados municipales por el centro de la ciudad.
Tras inversiones millonarias y de muy dudosa necesidad, como la Caja Mágica,presupuestada por 120 millones de euros y que finalmente costó casi 300, o el traslado del Ayuntamiento al Palacio de Cibeles, una operación que entre compra del edificio y su adecuación se sitúa sobre los 500 millones de euros, hoy los madrileños seencuentran con una ciudad con peores servicios e impuestos más altos. Y la responsabilidad es del equipo de Gobierno del PP, del que Ana Botella forma parte destacada desde 2003.
“La alcaldesa se puede seguir escudando en el anterior Gobierno central, la crisis internacional o lo que considere oportuno, pero más valdría que explicara a los empleados que hoy se manifiestan, y a los madrileños en general, por qué aún hoy en día mantiene gastos de difícil justificación mientras se recortan prestaciones sociales y servicios”, argumenta Ortega. Como ejemplos de estas partidas superfluas, UPyD cita los asesores políticos de los concejales presidentes de distrito (que en ocasiones realizan contrataciones al menos estéticamente reprobables, como el fichaje de una hermana de Esperanza Aguirre por el distrito de Hortaleza), el alquiler de inmuebles en las zonas con precios más caros de la capital mientras se mantienen cerrados durante años edificios municipales como la Casa de la Carnicería y la utilización abusiva de la contratación de eventuales para cubrir puestos que perfectamente podrían ser realizados por los propios funcionarios del Ayuntamiento.
En este sentido, UPyD recuerda que su Grupo Municipal en Madrid redujo un 70% su equipo de asesores externos para contar,tras un proceso abierto de selección, con funcionarios municipales. Actualmente, la formación magenta trabaja junto a la Plaza de la Villa con cuatro trabajadores eventuales, frente a los trece que le corresponden, y nueve funcionarios, ahorrando así al Ayuntamiento el coste salarial adicional que le supondría completar su cupo de asesores externos. Además, el equipo del Grupo Municipal, siguiendo esos principios de austeridad, es más reducido de lo que le correspondería: 13 personas frente a las 18 que podría llegar a tener legalmente.
