Dicha venta «fraudulenta ha supuesto perjuicio económico y patrimonial para toda la ciudadanía y en particular para todas las familias adjudicatarias de dichas viviendas sociales a las que se les ha incrementado la renta de forma desproporcionada o directamente se ha rescindido su contrato», sostiene la PAH en una nota de prensa remitida este martes. La PAH y el movimiento de vivienda de Madrid informan de que acudirán a las 10:00 horas del jueves próximo a registrar en el Ayuntamiento de Madrid su petición al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de que recurra ante la Justicia la absolución de Botella y de algunos consejeros de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
El 17 de julio pasado, en segunda instancia, el Tribunal de Cuentas revocó la condena a Ana Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros. Unos días más tarde, el 29 de julio, el pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría dos proposiciones que pedían que la EMVS recurriese ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal de Cuentas. A comienzos de este mes, el Ayuntamiento cesó por motivos de «reorganización» a la directora jurídica de la EMVS, Paloma Herranz, quien preparaba el recurso ante el Tribunal Supremo contra la absolución de la exalcaldesa Botella y su equipo por la venta de las viviendas sociales.
La PAH recuerda en su nota que en 2013 fueron enajenadas 1.860 viviendas sociales de 18 promociones completas de vivienda protegida propiedad de la EMVSa las sociedades Fidere Vivienda S.L.U. y Fidere Gestión S.L.U, pertenecientes al grupo Blackstone. Según la PAH, muchas de las personas perjudicadas por la venta de las viviendas sociales «están en grave riesgo de ser desahuciadas e incluso muchas de ellas, ya lo han sido».
El 17 de julio, el Tribunal de Cuentas revocó una sentencia que condenaba a Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en 2013 a dicho fondo de inversión de 1.860 viviendas de la EMVS. La sentencia consideró probado que la operación en la que fueron vendidas las viviendas pública por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros.
Además de Botella, resultaron condenados su entonces equipo de Gobierno, coincidente con la Junta de Accionistas de la EMVS: Concepción Dancausa -exdelegada del Gobierno en Madrid-; Paz González; Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito -altos cargos del actual Gobierno regional-; Dolores Navarro y Pedro del Corral -exedil del Ayuntamiento de Madrid.
