El Ayuntamiento de Madrid presta, en el mejor de los casos, un servicio de 15 días de alojamiento a las personas desahuciadas, tiempo notoriamente insuficiente para que una familia pueda rehacer su situación”. Ésta es la denuncia que ha realizado hoy el concejal del grupo municipal socialista, Pedro Zerolo. El edil ha recordado que la Ley de Servicios Sociales establece como competencia municipal la atención residencial a los colectivos víctima de desahucio, que comporta un alojamiento sustitutivo, continuado temporal, además de programas y actividades para prevenir la exclusión social.
Esos 15 días de alojamiento que presta en la actualidad el Ejecutivo municipal “tampoco están acompañados de medidas que palien muchas de las necesidades que le surgen a una familia en esta situación”, ha subrayado Zerolo. Y ha añadido: “A los afectados sólo les queda recurrir a la solidaridad familiar y, si no, a vivir en la calle”.
“El Ayuntamiento de Madrid debería tomar medidas urgentes y poner a disposición de las familias desahuciadas los recursos residenciales con que cuenta la Empresa Municipal de la Vivienda y, si fuera necesario, realizar acuerdos con el Instituto de Vivienda de Madrid –gestionada por la CM- para poner a disposición de los afectados las casas que se encuentran vacías, propiedad del IVIMA, en la ciudad de Madrid”, ha apuntado el edil socialista.
El concejal del PSOE ha exigido asimismo que los Servicios Sociales del Consistorio pongan en marcha un procedimiento que permita conocer la dimensión exacta del problema en Madrid. En la actualidad, la custodia de estos datos es competencia del Consejo General del Poder Judicial. Por ello, según Zerolo, “convendría establecer un procedimiento de información que permitiera tener un conocimiento exacto del acto de lanzamiento con la suficiente antelación, para valorar si la familia desahuciada debe ser objeto de atención y de intervención municipal”.
La Plataforma de Afectados por la Hipotecas, junto con UGT y CCOO, ha comenzado a recoger firmas para llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que generalice la dación en pago.
