La conducta de EMESA en el mantenimiento de Calle 30 “supone una trasgresión del principio de confianza legítima y de la buena fe contractual que debe de regir en las relaciones entre ambas empresas”. Así lo ha declarado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez Angulo, durante la comparecencia que ha realizado en el Pleno de la Ciudad de Madrid sobre los fallos de seguridad ocurridos durante el incendio en uno de los túneles de la M-30 en octubre de 2012.
El delegado insistió que, según el Código Civil, “los contratos obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Esta trasgresión habrá de tener su reflejo por esa mala conducta”.
Aún así, Angulo quiso dejar claro que, jurídicamente, “la apertura de un procedimiento penal paraliza los procedimientos administrativos” y habrá que esperar hasta que el juez dirima y a los informes de la Inspección de Trabajo.
No obstante, avanzó que si un estudio que se ha encargado revela alguna infracción de las obligaciones contractuales de EMESA, se iniciará contra la empresa el procedimiento correspondiente.
Gómez Angulo explicó que Calle 30, tras el incendio, solicitó a EMESA informes exhaustivos sobre el mantenimiento, conservación y gestión de las infraestructuras. Añadió que, del estudio de este material informativo, se han extraído las siguientes conclusiones: no hubo riesgo para los usuarios de Calle 30, que el cierre al tráfico del bypas fue solucionado de manera eficaz por vías alternativas mediante la coordinación de los responsables de Calle 30, Movilidad y Policía Municipal, para aclarar los hechos está ya en marcha un proceso judicial y una investigación de la Inspección de Trabajo, “hasta que no finalicen estos procesos no se podrá conocer con exactitud las causas que provocaron el incendio en las baterías del pozo de ventilación número 4”.
Medidas
Además, enunció las medidas que se han tomado tras los estudios realizados: se ha procedido a la valoración de daños y a la reparación de todos los equipos y sistemas afectados por el incendio cuyo coste ha sido de 1,2 millones de euros de los que se ha hecho cargo EMESA.
También se han analizado los sistemas de control y vigilancia para incrementar su efectividad, además de establecer un nuevo mecanismo de revisión diaria del correcto funcionamiento de las instalaciones de seguridad de los túneles.
Además, Madrid Calle 30 ha contratado a una entidad independiente para que lleve a cabo una inspección de todas las instalaciones de los túneles y así comprobar su estado de funcionamiento, conservación e idoneidad de los planes de mantenimiento.
“Si del citado estudio se desprende una infracción en el incumplimiento de las obligaciones contractuales de EMESA, y el citado incumplimiento se encuentra entre los que el contrato prevé como objeto de penalidad se procederá a iniciar el correspondiente procedimiento para su imposición, una vez haya finalizado el procedimiento penal”, concluyó Gómez Angulo.
