(EFE). En declaraciones remitidas a la prensa, el concejal del PP se refiere así a la decisión adoptada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid en un auto fechado el pasado 7 de agosto, donde amplía el tiempo de la instrucción sobre la adquisición de Bicimad a un plazo de 18 meses.
Para Martínez-Almeida, esta magistrada «no piensa lo mismo» que el Gobierno de Ahora Carmena, que defiende que no se produjeron irregularidades en la adquisición de Bicimad por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a cambio de 10,5 millones de euros, y por ello «sigue practicando diligencias y pidiendo la práctica de pruebas y documentación al Ayuntamiento de Madrid».
A raíz de una querella del PP por presuntos delitos de malversación y prevaricación, la jueza pidió, a instancias del Ministerio Fiscal, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid designara a un perito para que valorara el coste real del servicio de alquiler de bicicletas Bicimad, así como un informe al consistorio.
«Se lo dijimos en reiteradas ocasiones (…) si no quieren dar explicaciones ante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, tendrán que darlas ante el juzgado, y eso es precisamente lo que está haciendo en este momento el equipo de Gobierno», ha añadido Martínez-Almeida.
Por el momento la jueza, que desestimó la solicitud de archivo el caso, no ha llamado a declarar ni a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ni al director gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, contra quienes el PP dirigía su querella.
La comisión de investigación impulsada por la oposición para dilucidar si hubo irregularidades en la municipalización del servicio celebra mañana, miércoles, su próxima sesión, a la que asistirá Carlos Sánchez Mato, quien en el momento de la adquisición ocupaba el área de Economía y Hacienda.
