Todos los grupos de la oposición han esgrimido el artículo 63.5 para frenar la tramitación hasta obtener el resultado de un informe jurídico solicitado al secretario del pleno el pasado 17 de abril. Los tres grupos han censurado que el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, pretenda regular la publicación de estos datos por decreto y sostienen que no son contrarios al fondo: dar acceso a la ciudadanía al detalle de los gastos.
Así lo ha defendido la edil de Cs Silva Saavedra, que ha sostenido que no se oponen al fondo, pero sí al cómo. En el mismo sentido, Ramón Silva (PSOE) ha defendido que la información que se publica a día de hoy es insuficiente, pero ha defendido que los cambios se deben acometer con el consenso de todos los grupos. «En campaña electoral no es el momento más adecuado para buscar esas unanimidades», ha agregado.
Por su parte, el ‘popular’ Percival Manglano considera que aprobarlo por decreto pone en entredicho el principio de legalidad porque un acuerdo plenario no tiene traslación normativa y ha acusado al Gobierno de Carmena de acometer una «jugada política contaminada por el periodo electoral».
En cambio, el delegado de Transparencia ha defendido que cada vez que se ha incorporado un nuevo dato al catálogo de información pública se ha hecho por decreto porque así lo permite la Ordenanza de Transparencia y ha denunciado que no se publique información en detalle de una partida de 2 millones de euros. El consistorio ha recibido varias peticiones por parte de medios de comunicación interesados por obtener estos datos, una circunstancia que justifica para Soto que se faciliten de forma proactiva estos datos.
«Hay varios millones de euros que no tiene ninguna transparencia, se publica un resumen con conceptos generalizados (…) a cualquier proveedor se le exige más», ha afirmado el edil, que considera «inaudito» que sea el Gobierno el que pide más transparencia y el que exija el cumplimiento de un acuerdo plenario.
Y ha criticado que el PP haya relacionado esta iniciativa con la obtención del rédito electoral: «el desparpajo me recuerda a otros tiempos porque es reconocer que la publicación de esos datos les va a perjudicar en las elecciones», ha señalado Soto, que subraya que si estos datos no están publicados no es por el procedimiento sino porque los grupos no quieren. El Gobierno de Carmena quiere que los gastos de los grupos sean transparentes «factura a factura» ya que hasta ahora solo era público un resumen de la contabilidad al final de cada ejercicio.
Los grupos reciben una asignación en función de sus resultados electorales que en 2019 es de 165.107 euros en el caso del PP y de 158.985 euros para Ahora Madrid, mientras que el PSOE recibe 91.643 euros y Ciudadanos 79.399.
