De esta manera, el Ejecutivo del Partido Popular y Ciudadanos promoverá “una eficaz medida antifraude y de lucha contra la corrupción”, medida que el exrresponsable del área de Ahora Madrid -actualmente edil por Más Madrid-, Jorge García Castaño, pone en entredicho, ya que a su entender “no mejorará ni hará más limpio el procedimiento”.
Si bien en los gobiernos anteriores a Manuela Carmena se estipulaba como requisito la presentación de tres presupuestos u ofertas, el Ejecutivo de esta última acordó que únicamente se obligaba a la aprobación del gasto y la incorporación del mismo de la factura en los contratos menores, siendo el límite de 50.000 euros -IVA excluido- para las adjudicaciones de obras, y de 18.000 euros para el resto. De esta manera se dejaba sin efecto el decreto aprobado en 2012 que incluía entre las claúsulas de contratación solicitar un mínimo de presupuestos.
El PP recupera dicho requisito e incluirá las cláusulas sociales, impulsándose también el primer programa de contratación medioambiental: «Un plan de auditoría en el que se contemplen contratos, subvenciones sobre proyectos de generación de empleo, análisis de las políticas de evaluación de las políticas públicas».
Por su parte, García Castaño, ha criticado que con la propuesta de los populares «quieren volver a plantear los tres presupuestos, que han demostrado en todas las administraciones donde se han aplicado que no mejora ni que hace más limpio el procedimiento, ni tampoco mejora la concurrencia de ninguna manera». En este sentido, desde Más Madrid defienden que durante el mandato de Ahora Madrid se triplicaron los procedimientos abiertos, mientras que los contratos menores representaron un 0,47% del presupuesto de 2017.
