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El presidente de la Audiencia pide 28 magistrados más para reducir la sobrecarga

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(EFE). En la rueda de prensa de presentación de la Memoria anual de la Audiencia, De Porres ha destacado el aumento de los asuntos de familia como las separaciones y divorcios, y de lo mercantil, que han sufrido una «avalancha» de reclamaciones de consumidores tras la crisis por productos financieros como las cláusulas abusivas de hipotecas.

Al respecto ha propuesto medidas legislativas para establecer que este tipo de reclamaciones sean colectivas ya que es muy difícil dar salida a miles de litigios individuales de afectados por productos financieros y que se impulsen alternativas como el arbitraje y la mediación para tratar de evitar la vía judicial en asuntos de hipotecas, cláusulas suelo, preferentes y productos derivados.

Según De Porres, los asuntos mercantiles se están resolviendo en una media de dieciséis meses y los de familia en unos once cuando a su juicio deberían tardar entre tres y cuatro meses, ya que en el caso de los primeros hay litigios que incluso paralizan empresas.

Igualmente ve necesaria la creación de un gabinete psicosocial para la atención en asuntos penales y de familia. Eduardo de Porres ha aprovechado su comparecencia para hacer balance de su labor como presidente de la Audiencia desde 2014 al haber sido designado para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo.

Ha destacado de este periodo el aumento de la plantilla de magistrados titulares en 24, casi un 20 %, al pasar de 121 a 145, aunque estima que son necesarias aún al menos 28 plazas más. De Porres ha recordado que, además, la tipología de los juicios ha cambiado, ya que cada vez hay más de gran complejidad y que se prolongan durante muchas sesiones como los celebrados durante este periodo de los casos conocidos como Madrid Arena, el pederasta de Ciudad Lineal, el descuartizador de Majadahonda y los casos de bebés robados.

Durante el periodo 2014-2018 los asuntos penales en trámite pendientes han pasado de 8.134 a 4.662, es decir una reducción de un 57 % y durante estos años la Audiencia ha recibido unos 32.000, siendo el tiempo medio de resolución un mes y medio. Ha concretado que cada Sección compuesta por cinco magistrados resuelve una media de 2.000 asuntos y cada año se celebran unos 1.600 juicios.

En cuanto a las secciones civiles han pasado de 8.282 asuntos pendientes a 9.632 debido sobre todo a la avalancha de asuntos financieros. Solo el año pasado se recibieron en la Audiencia madrileña mil expedientes de esta clase. La situación de las secciones civiles se deterioró de forma significativa el año pasado pues recibieron 12.617 asuntos frente a los 14.240 del ejercicio anterior, un 12,8% menos, pero resolvieron un 16,8% menos, 12.338 frente a 14.820, y por ello la pendencia ha aumentado un 4,8 %, y ha pasado de 4.265 asuntos pendientes en 2016 a 4.472 en 2017.

Las secciones de Familia han recibido un 23,2 % más de asuntos (3.884 frente a 3.151), resolvieron 3.418, un número similar a 2016 (3.372), y la pendencia se ha incrementado de forma notable, de 2.749 a 3.313. Destaca el aumento del 102,3 % de asuntos de lo mercantil recibidos al pasar de 913 a 1.827 aunque también se han resuelto más, 1.025 frente a 801, pero la pendencia ha subido de forma notable pasando de 1.036 a 1.847.

No obstante el presidente de la Audiencia ha precisado que se ha producido una avalancha de asuntos bancarios y en la actualidad hay más de 4.000 asuntos ingresados de esta clase. Ha explicado que los ocho magistrados de la sección mercantil, de por sí ya sobrecargada dada la enorme complejidad de los temas, no pueden afrontar esta situación, por lo que ha pedido un refuerzo de tres jueces con plena dedicación y otros seis con dedicación al 50%.

Con este refuerzo estima que se podría dar salida a unos 3.000 recursos anuales aunque para conseguir el objetivo de resolver todos los asuntos se requerirían al menos otros seis magistrados. Por otra parte, De Porres ha dicho que es magnífica la relación con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha valorado la creación de una Consejería de Justicia específica que a su juicio mejorará la situación de este ámbito aunque ha lamentado que no haya sido posible llevar a cabo una Ciudad de la Justicia que terminara con la dispersión de sedes judiciales.

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