En pleno periodo electoral se abre un nuevo frente para el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, esta vez con el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid (COPOMA) ante la decisión de la administración local de sacar a concurso el servicio público de atención podológica que se presta en los 82 centros de mayores de la capital. En juego, el futuro laboral de 96 profesionales que asisten a los usuarios de dichos espacios y que desconocen cuánto tiempo más podrán continuar ejerciendo dicha actividad.
Desde hace alrededor de 20 años, COPOMA mantiene un concierto con el consistorio de Madrid por el que se hace cargo de la gestión del servicio de podología que se presta en los centros de mayores de la ciudad. El contrato se renueva cada año, recibiendo la institución una subvención de 40.000 euros para el mantenimiento y la adquisición de los recursos necesarios para asegurar una asistencia de calidad indispensable para las personas de avanzada edad. Después de casi dos décadas haciéndose cargo del servicio, el Colegio de Podólogos de la región ha recibido la noticia de que el Ayuntamiento prevé sacar a concurso público la gestión, externalizándola de esta manera a una empresa privada.
La decisión del Ejecutivo viene precedida de una nueva normativa europea cuya entrada en vigor está marcada para el año 2020. De acuerdo a este requerimiento legal, COPOMA no puede continuar desempeñando la función de atención podológica en los centros de mayores ni tampoco percibir la correspondiente prestación. La propia concejal delegada del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha explicado que desde la administración local están “obligados a regularizar la situación que nos exige la ley porque antes teníamos un convenio que no se puede mantener más en el tiempo. Es una exigencia legal”.
Ante esta postura, El Distrito se ha puesto en contacto con las autoridades del propio Colegio de Podólogos. El vocal de Publicidad, Comunicación y Redes del gremio profesional, Juan Carlos Montero, explica que después de conocer la decisión del Ayuntamiento se pusieron en contacto con el departamento jurídico de la asociación. Los asesores aconsejaron que COPOMA constituyese una ‘encomienda de gestión’: “Al final nosotros como colegio no podemos recibir lo que es una subvención para gestionar el servicio por parte de una institución pública.
Con la ‘encomienda de gestión’ se estipula, básicamente, que nosotros no somos los destinatarios del fondo, sino que son los propios centros los que lo utilizan para comprar material y lo que necesitan los profesionales, la encomienda dice que la subvención va destinada a equipar a estos centros”. Es decir, el aporte no va al colegio, sino a los profesionales y a los recursos materiales que se destinan en los centros. Por ello, el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid presentó al Ayuntamiento la propuesta, sin perjuicio de otras alternativas jurídicas, que dentro del marco legal, permitiesen continuar la colaboración existente hasta la fecha.
Sin embargo, la respuesta del consistorio ha sido un ‘no’ rotundo. “No se puede hacer algo que contraviene la ley”, sostiene Marta Higueras, quien avanza que ya se está elaborando el pliego de condiciones para sacar a concurso el servicio de podología en los centros de mayores, si bien no hay una fecha concreta. A este respecto, la concejal de Ahora Madrid ha animado al Colegio Oficial a presentarse en la licitación, aclarando que la organización puede optar como candidata como cualquier otra empresa. Asimismo, la responsable de la Concejalía de Derechos Sociales ha asegurado que las condiciones establecidas en el pliego irán encaminadas a preservar la calidad del servicio y que éste continúe ofreciendo una atención adecuada a los mayores que acuden a los centros públicos de la ciudad.
Ven peligrar el servicio
Desde COPOMA no han recibido con buenos ojos la negativa del Ayuntamiento de Madrid de continuar con el convenio por medio de la figura legal de la ‘encomienda de gestión’. Juan Carlos Montero advierte que la privatización del servicio podría suponer una pérdida de calidad de la atención que se presta a los pacientes y el coste que llo conlleva tanto en materia económica como en la salud de los propios usuarios. Según sus cifras, poco más de nueve euros es el precio que se paga en cada atención podológica. “Si se privatiza el servicio es probable que de los nueve se pueda pasar a precios bastante más caros y que no sean asumibles por los pacientes”.
Igualmente, Montero subraya las prioridades de las compañías privadas a la hora de prestar el servicio: “Ahora mismo, en cada centro, el podólogo es independiente para dedicar el tiempo adecuado. Ellos se organizan. Utilizan los recursos necesarios en cada paciente y desde el colegio nos aseguramos de ello… Si una empresa privada coge la gestión de estos centros, la calidad va a bajar mucho y los profesionales y usuarios se verán afectados. Priman los beneficios de la empresa al propio servicio”.
Circunstancias actuales
Según las cifras ofrecidas por COPOMA, entorno a 8.000 personas se benefician del servicio de podología en los centros de mayores de Madrid. La plantilla cuenta con 96 profesionales que asisten a los usuarios, quienes acostumbrados a un trato de calidad manifiestan sus dudas sobre si les van a seguir atendiendo los mismos profesionales. En los 20 años que el Colegio de Podólogos lleva la gestión no se ha producido ninguna incidencia y son los propios pacientes quienes agradecen la atención recibida. A”l final los pies son el equilibrio del cuerpo. Estamos hablando de mayores que tienen diferentes patologías de base. Un problema ínfimo en el pie pueden causar problemas muy serios”.
Por el momento, el Ayuntamiento no ha renovado el convenio que mantenía con COPOMA y los podólogos firman un nuevo contrato cada mes, con la incertidumbre que ello genera profesional y personalmente. “La sensación que nos da es que esto es un tema muy pequeño con respecto a las problemáticas que puede haber en el Ayuntamiento; no saben muy bien cómo gestionarlo”, concluye Montero, quien informa que el colegio mantiene una postura abierta en las negociaciones.
