(EFE). La portavoz socialista en el Consistorio madrileño, Purificación Causapié, ha señalado en una rueda de prensa que «es la primera vez que un grupo municipal presenta el texto completo de una ordenanza con esta ambición en España». Causapié ha abogado por situar a Madrid a la cabeza en el combate contra la prostitución y la explotación sexual, que es una manifestación de «la violencia de violencia de género, la esclavitud, la marginación y el sexismo».
La propuesta de ordenanza consta de 36 artículos, cuatro títulos, seis disposiciones adicionales, una derogatoria y tres disposiciones finales. El texto planteado por los socialistas se articula en torno a cuatro ejes dentro del ámbito competencial municipal: la defensa y el apoyo a las víctimas, las sanciones a consumidores y proxenetas tanto en espacios públicos como en locales, la retirada de publicidad que incite a la prostitución y el desarrollo de campañas de prevención y sensibilización.
Para apoyar las mujeres en situación de prostitución, el PSOE-M insta al Ayuntamiento de Madrid a poner en marcha un plan operativo municipal contra la explotación sexual en la ciudad de Madrid, en el que intervengan todas las áreas de Gobierno y que cuente con un presupuesto «suficiente», incluyendo «el dinero de las sanciones impuestas a quienes demandan servicios sexuales».
Causapié ha subrayado que las sanciones no se dirigen en ningún caso a las personas que ejercen la prostitución, que son víctimas de una forma específica de violencia de género (la mayoría son mujeres y niñas, mientras que los consumidores y proxenetas son habitualmente hombres). Las sanciones se dirigen a los consumidores de prostitución, las mafias y los proxenetas, así como a quienes difunden publicidad sobre servicios sexuales retribuidos por entender que es «denigrante para las mujeres».
En concreto, los socialistas contemplan infracciones leves, graves y muy graves, con penalizaciones económicas, que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros, en función de la gravedad de la acción, la reiteración o el lugar donde se realiza la actuación. El reconocimiento de la infracción por el sujeto responsable supondrá la minoración de su importe mínimo y se penalizará la reincidencia en el plazo de un año.
La demanda de servicios sexuales en la vía pública y la difusión de publicidad tendrán una sanción mínima de 750 euros. Asimismo, el PSOE-M prevé la prohibición de la difusión de pasquines en las calles, fundamentalmente en los parabrisas de los automóviles, que promuevan el consumo de prostitución y la explotación sexual de las mujeres.
En el marco de esta iniciativa, Causapié ha pedido que el Ayuntamiento de Madrid no inserte ni contrate publicidad institucional en medios de comunicación que incluyan o permitan anuncios de prostitución. La propuesta socialista también incluye un plan para reforzar la inspección de establecimientos y locales donde existan indicios de prostitución.
Otro de los ejes de actuación es el desarrollo de un plan de prevención y sensibilización para impulsar la igualdad de trato y la educación afectiva y sexual. Causapié ha destacado la importancia de implicar a los varones, que son los principales clientes, en la erradicación de la prostitución, tras afirmar que la «prostitución es una escuela de desigualdad», en la que «los jóvenes aprenden a comprar el cuerpo de una mujer».
A partir de ahora, ha dicho la portavoz socialista, comienza un trabajo de consenso y de acuerdo con los grupos municipales para «enriquecer» su propuesta con las aportaciones de organizaciones sociales, feministas, vecinales y culturales con el objetivo de conseguir «una ciudad libre de prostitución».
Entre el 90 y el 95 por ciento de las personas que ejercen la prostitución en Madrid son mujeres de origen extranjero, con un aumento de las menores de 25 años en los últimos tiempos y con un desplazamiento desde las calles a los pisos, aunque persiste en la vía pública y las zonas industriales.
