(EFE). Así lo ha anunciado el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, que ha dicho que la Fiscalía es el «último medio» para «destapar de forma definitiva esa red» sobre la que tiene «sospechas fundadas» y que a su juicio va «mucho más allá» de los contratos y son «convenios, convalidaciones, subvenciones o los famosos ‘colocaos'».
El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha calificado la denuncia ante Fiscalía de «intento patético y desesperado del PP de tapar sus casos de corrupción» y ha asegurado que quedará en nada porque tanto cuantitativamente como cualitativamente se ha demostrado la idoneidad de la política de contratación municipal.
«Estamos en una administración que hace más contratos abiertos que nunca y que nadie, que tiene más transparencia que nunca y que nadie y que tiene más controles que nunca y que nadie», ha exclamado en el pleno García Castaño, que ha cifrado en un 0,47 % los contratos menores y ha dicho que el aporte a cooperativas es residual.
Durante el debate, la edil del PSOE-M Erika Rodríguez ha defendido que no hay una evidencia delictiva «fuerte» para crear una comisión de investigación y que los mecanismos de control ordinarios -la comisión de Vigilancia de la Contratación y el registro de lobbies- son suficientes para investigar si se ha privilegiado a algunas entidades.
«¿A qué tienen miedo, a que quede acreditado?», ha preguntado por su parte la representante de Ciudadanos Silvia Saavedra dirigiéndose al equipo de Gobierno. Entre los contratos y subvenciones por valor global de 20 millones de euros que cuestionan tanto el PP como Ciudadanos se encuentran los de REAS, Tangente, Trama, Dinamia, Fundación Trabe, Gea 21, Pandora Mirabalia y Kinema, que en su mayoría se han otorgado mediante procedimientos abiertos, según recordó ayer García Castaño.
