Recurren la denegación de medidas cautelares sobre los acuerdos de no disponibilidad de crédito

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El pasado 29 de mayo el Ayuntamiento presentó un recurso ante el TSJM contra la denegación del Plan Económico Financiero (PEF) y contra los acuerdos de no disponibilidad de crédito exigidos por el Ministerio de Hacienda. Solicitaba, además, medidas cautelares por la vía contencioso-administrativa.

El TSJM desestimó el 21 de junio las medidas cautelares en un primer auto. Todavía está pendiente la decisión del Tribunal sobre el fondo del asunto

El Ayuntamiento presenta ahora recurso de reposición contra esa denegación. Plantea que el TSJM no ha examinado el principio de igualdad ante la ley, esgrimido por el propio Consistorio para poner de manifiesto la diferencia de trato frente a otros municipios; tampoco ha valorado los perjuicios que la aplicación de la política financiera y presupuestaria del Estado ocasionan a la ciudadanía, ni estima que el propio Estado incumplió la regla de gasto en 2016 sin ninguna consecuencia.

 

Interpretación de la jurisprudencia

A juicio del Ayuntamiento, el auto que deniega dicha medidas cautelares realiza una interpretación perjudicial de la jurisprudencia del TS en cuanto a la posible excepcionalidad de la situación, y no tiene en cuenta perjuicios para la ciudadanía en las exigencias del Ministerio de Hacienda y su aplicación de la regla de gasto.

 

Inversiones y gastos asegurados

El Pleno municipal aprobó acuerdos de no disponibilidad de 238 millones sobre el Presupuesto de 2017 dando cumplimiento a los requerimientos del Ministerio. Los acuerdos no comprometen ninguna de las inversiones previstas en el Presupuesto del Ayuntamiento y sus empresas municipales, puesto que se recurre a otras vías de financiación para garantizar la ejecución de todas las partidas presupuestarias.

En todo caso, el Ayuntamiento reclama por la vía judicial que estos acuerdos de no disponibilidad sean revertidos y que la regla de gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda sea reformulada. Se trata de una demanda compartida por centenares de municipios a nivel estatal. 

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