(EFE). Sin embargo fuentes municipales han negado a Efe que ese cambio de destino tenga «nada que ver» con los sucesos de Lavapiés, sino que se ha hecho para ubicar al mando -de rango intendente- «en un lugar idóneo para su formación», porque es médico y pasará al departamento de Riesgos Laborales.
Estas fuentes han precisado que en la Unidad de Gestión de la Diversidad se mantienen debates sobre muchos temas, sin poder precisar si Rabadán propuso preguntar a la Fiscalía de Delitos de Odio si podrían ser delito los tuits de Arce en los que vinculaba la muerte de un mantero el pasado 15 de marzo con una persecución policial.
Por el contrario, desde el sindicato mayoritario en el Cuerpo, que es el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), y desde la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) aseguran que el relevo sí se ha debido a esa idea de consultar a la Fiscalía de especializada en delitos de odio, que es una práctica habitual ante una posible ilegalidad.
Para el secretario general de CPPM, Francisco Torres, la destitución del intendente Ángel Rabadán, supone «una intromisión intolerable en la labor policial» por la que el concejal de Seguridad, Javier Barbero, «no puede seguir en el cargo un minuto más». Además considera que la unidad de Riesgos Laborales que se quiere crear en la Policía Municipal de Madrid no es legal porque ya existe en el Ayuntamiento un departamento para eso.
El presidente de APMU, Carlos Bahón, también considera «intolerable» que Barbero haya destituido al intendente y cree que ni este concejal ni Rommy Arce pueden seguir en sus cargos. Bahón ha asegurado, en declaraciones a Efe, que el subinspector de la Unidad de Gestión de la Diversidad, David Martín Abánades, insistió al intendente -que era su superior- en que no consultara a la Fiscalía porque no había delito en los mensajes de la concejal.
Abádanes pertenece a la Policía Local de Fuenlabrada y fue requerido por Barbero para trabajar en la Unidad de Gestión de la Diversidad de la policía de la capital, inaugurada en 2016 por el actual equipo de gobierno. Desde el Ayuntamiento han incidido en que los delitos de odio están vinculados a los derechos humanos y la posible discriminación de colectivos vulnerables, «nada relacionado con las posiciones de izquierda o derecha», y han destacado que la juez que investiga los tuits de Rommy Arce no la ha citado por delito de odio, sino por injurias y calumnias.
La edil declaró ante la magistrada como investigada el pasado viernes y se ratificó en los mensajes que publicó tras la muerte de un mantero en Lavapiés el pasado 15 de marzo, asegurando que seguirá «denunciando las políticas migratorias xenófobas y racistas que practican tanto el Estado español como la Unión Europea».
