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18/05/2019 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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La renuncia de la abogada de Nicolás puede suspender su juicio del lunes

La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto juzgar el lunes próximo a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, "el pequeño Nicolás", por hacerse pasar por representante del Gobierno y de la Casa Real en un viaje a Lugo en agosto 2014, aunque el juicio podría aplazarse al haber renunciado su letrada.

La Sección 17 de la Audiencia madrileña ha fijado para las diez de la mañana del día 20 el juicio a Gómez Iglesias y a dos policías municipales que presuntamente le acompañaron en ese viaje, con el objetivo de celebrar una comida con un empresario. No obstante el juicio podría aplazarse ya que la última letrada del principal acusado ha renunciado recientemente a su defensa por "presiones indirectas" que "ponen en peligro el correcto ejercicio del derecho a la defensa", y ha solicitado que se suspenda la vista para que el nuevo letrado pueda informarse, según el escrito al que ha tenido acceso Efe.

La Fiscalía pide para "el pequeño Nicolás" siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo. Para cada uno de los policías -Jorge González Hormigos y Carlos Pérez López-Dávila- solicita cuatro años y dieciocho meses de prisión y multa de 4.500 euros por los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.

La acusación particular que ejerce la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid (APMU) pide 11 años de prisión para el Gómez Iglesias; la Abogacía del Estado 21 meses de cárcel y una multa y, por su parte, el Ayuntamiento de Madrid reclama 3 años y medio de prisión.

Los hechos se remontan a agosto de 2014, cuando presuntamente el joven contactó con el empresario Jorge Cosmen para concertar una reunión haciéndose pasar por representante de la Casa Real y de la Vicepresidencia del Gobierno, una cita que fue fijada para el día 13 en un restaurante de la localidad lucense de Ribadeo y a la que dijo que acudiría una personalidad importante de la Casa Real.

Según el relato del fiscal, el "pequeño Nicolás" se puso en contacto con Hormigos, a quien conocía previamente, le explicó su propósito de hacerse pasar por un cargo público y le pidió que proporcionara los medios policiales necesarios. Luego ese agente contactó con el otro para que se uniese al plan.

El joven alquiló cuatro vehículos de alta gama con sus conductores y falsificó dos acreditaciones del Ministerio del Interior. También, detalla la Fiscalía, solicitó colaboración de la Policía Municipal de Ribadeo para acompañar a la comitiva, llamó al presidente del Club Náutico de esa localidad para reservar aparcamiento y al restaurante San Miguel para ampliar la reserva hecha previamente por el empresario, siempre identificándose como enlace entre Presidencia y Casa Real.

La comitiva al completo partió desde la calle Montalbán, junto al Ayuntamiento de Madrid, y poco después efectuó una parada en la que los dos agentes acusados "se presentaron a los cuatro conductores y a los dos acompañantes como policías". "Les dijeron -añade la Fiscalía- que se trataba de un viaje oficial, les exhibieron sus armas reglamentarias, repartieron los 'pinganillos' y colocaron en los vehículos los rotativos luminosos y las acreditaciones oficiales mendaces del Ministerio del Interior".

Así llegaron a Ribadeo, donde fueron escoltados por la Policía Municipal y donde Gómez Iglesias fue recibido por el alcalde, "ante quien se presentó como enlace entra la Casa Real y Presidencia del Gobierno", y donde luego comió con el empresario, volviendo luego a Madrid. La Fiscalía sostiene que el principal acusado abonó al policía Jorge Hormigos 2.000 euros, y éste entregó 400 a Carlos Pérez.

"El pequeño Nicolás" tiene pendiente juicio en relación con la causa principal que se abrió en 2014, cuando fue arrestado por hacerse pasar presuntamente por miembro del Gobierno. Desde aquel momento han sido archivadas causas abiertas contra él como la relacionada con la grabación de una conversación entre policías y agentes del CNI que hablaban sobre el joven, o la interpuesta por un inspector de Policía que formó parte de la comisión judicial del primer juez instructor y que le acusó de obstrucción a la justicia. El año pasado fue absuelto definitivamente de un delito de injurias y calumnias al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).









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