En la comisión de investigación que dilucida si hubo irregularidades en la obtención del servicio Bicimad por 10,5 millones, el entonces vicepresidente de la EMT ha defendido que, contrariamente a lo que argumenta Ciudadanos «lo que dice la ley es que cuando se produce cesión de contrato o licitación a la que acude la EMT no es preceptivo ni necesario ningún tipo de informe previo».
Respecto a la decisión de pedir un informe de auditoría con posterioridad Sánchez Mato ha defendido que tampoco era necesario, pero ha añadido que un gobierno «responsable» además de usar la figura jurídica pertinente la dota de «respetabilidad». Respecto a por qué este informe posterior se solicitó a un tercero y no al servicio de asesoría jurídica municipal, el edil de Ahora Madrid ha explicado que «las empresas cien por cien públicas no pueden pedir un informe a la asesoría» sino que tienen que suscribir convenios de colaboración que requieren «mucho tiempo».
En cambio, el concejal de Ciudadanos, Sergio Brabezo, ha asegurado que el informe de terceros le parece «similar» al caso del Open de Tenis, al contar el Ayuntamiento con una nota interna de la intervención delegada que caducó y pedir un nuevo texto a una auditora.
«No hemos comprado una empresa. La EMT ha participado en una operación de cesión de contrato. La empresa sigue funcionando, con resultados negativos, es decir que no hizo un ‘negociazo’ porque lo que se traspasó fueron activos», ha añadido el exdelegado de Economía y Hacienda.
Para Sánchez Mato, el método usado para valorar el precio de cesión del contrato es «conservador» y no debería generar dudas, pues se basa en un valor contable que refleja la realidad de los activos por lo que fue el «más correcto». El balance de Bonopark, que no ha mejorado con la operación según Sánchez Mato, muestra que no se produjo un sobreprecio en opinión de este economista.
