La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) exige a la Administración madrileña que haga efectivas las denuncias contra los conductores de Uber que anunció, y que emprenda las “acciones contundentes” que prometió para impedir el desarrollo de la actividad de esta empresa en la ciudad madrileña.
La FPTM denuncia que durante el primer mes desde la implantación de la compañía americana en Madrid, “sólo se han producido 6 denuncias y de ellas, sólo 2 han sido efectuadas por policías municipales”.
Por este motivo, los taxistas recuerdan a la Administración que es su obligación velar por el cumplimiento de la ley y por la garantía de sus derechos, y le exige que “realmente controle y persiga a estos conductores ilegales”, ya que no quieren “verse obligados a ejercer de “policías” para defender sus puestos de trabajo”.
Así, el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, informa de que la Dirección General de Transportes les ha reunido esta semana, “cuando ya ha pasado un mes después de la implantación de Uber en Madrid” y recuerda que “mientras la Administración se reúne, Uber sigue avanzando hacia otras ciudades españolas”, alerta.
18.000 millones de dólares
En este sentido, condena la entrada de Uber en Valencia, y espera que la Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, “actúe con más diligencia de lo que lo está haciendo su homólogo madrileño, porque si no pronto serán invadidas otras ciudades”.
Además, el presidente denuncia que mientras “a Uber aún ni siquiera se le ha comunicado que se ha abierto expediente contra ellos, a las radioemisoras de taxis legalmente establecidas, nos han dado 15 días para presentar una documentación que a esta poderosa empresa no se atreven a pedir”.
Y es que los taxistas madrileños quieren recordar que Uber es una compañía de alcance internacional, “no un servicio de transporte compartido” como falsamente quieren hacer creer a la población”.
“Se trata de una empresa americana valorada en 18.000 millones de dólares. Eso no es transporte compartido, no se trata de dos particulares que se ponen en contacto para compartir gastos, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una compañía con una flota de conductores, que de manera ilegal prestan un servicio por el que se lucran tanto ellos, como la compañía, que cobra el 20% del importe del viaje por trayecto”, declara el presidente de la FPTM.
Por esta razón el colectivo del taxi reivindica que se protejan sus derechos, “como trabajadores, como contribuyentes y como ciudadanos. Esa es la función de nuestra legislación y de los medios que tienen los gobiernos para hacer que se cumpla, proteger al ciudadano del todo vale”, declara Sanz.
