Los buenos resultados de la política de ahorro y austeridad emprendida por el Gobierno municipal en 2012 se van a traducir en beneficios para los ciudadanos y para los trabajadores municipales a partir del año próximo. Para los primeros, porque se van ahorrar el pago de la tasa de basuras; los segundos porque van a recuperar las ayudas sociales que dejaron de presupuestarse hacer dos años para poder cumplir el objetivo de estabilidad financiera.
Ayer la Junta de Gobierno ratificó un suplemento de crédito por el que el Ayuntamiento va a preamortizar cerca de 300 millones de euros de deuda, procedente del remanente de Tesorería de 2013. De esta forma el Ejecutivo municipal cumple con lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en cuanto al destino que ha de darse al remanente de tesorería para gastos generales.
Ese remanente de 406 millones, consecuencia de la correcta ejecución del presupuesto, se ha destinado a financiar las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y las inversiones financieramente sostenibles. El resto, unos 300 millones, irá a la preamortización de la deuda financiera, y supondrán un ahorro en intereses de 88 millones hasta 2022. "Con ésta y otras medidas que se han venido adoptando por parte del Ayuntamiento de Madrid -explicó la alcaldesa Ana Botella- la carga financiera en el año 2015 descenderá en 195 millones de euros con respecto al presupuesto 2014". Ese descenso tiene un beneficiario claro, los ciudadanos, que van a ver desaparecer la tasa de basuras.
Recuperación de la acción social
Ana Botella ha anunciado hoy que la recuperación de la estabilidad financiera permite al ayuntamiento adelantarse un año al propio Plan de Ajuste y devolver las ayudas de acción social a los trabajadores municipales a partir de 2015, un año antes de lo previsto. La alcaldesa reconoció expresamente "el esfuerzo realizado por los trabajadores municipales en este período de crisis, cuya contribución a la recuperación de la situación financiera del Ayuntamiento ha sido fundamental" y recordó que todos los empleados públicos españoles mantienen congeladas sus retribuciones desde 2011, "tras la reducción adoptada por el gobierno socialista en 2010".
