(EUROPA PRESS) -El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco Javier Canabal, que instruye el expediente disciplinario abierto contra el juez Santiago Torres, ha propuesto que se le imponga dos faltas graves por retraso injustificado debido a las demoras en la resolución de diligencias en el ‘caso Guateque’.
El pasado abril, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió un expediente disciplinario a Santiago Torres a instancias de Manos Limpias por la posible comisión de una falta grave ante "el retraso injustificado" de la instrucción del ‘caso Guateque’.
En la resolución, se ha nombrado instructor delegado a Francisco Javier Canabal, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La instrucción la llevará a cabo en el plazo de tres meses.
Ahora, el magistrado ha propuesto en un pliego de Cargos, al que tuvo acceso Europa Press, que los hechos que se le imputan son constitutivos de dos faltas graves de retraso injustificaso y reiterado en la resolución de los procedimientos.
Así, destaca que la actividad en la instrucción del ‘caso Guateque’ durante el 2010 fue prácticamente nula, "acumulándose en un sólo día la resolución de todos los escritos que estuvieron pendientes a la fecha que se indicaba en las resoluciones que se adoptaron".
Por ello, concluye que las faltas graves son sancionables con multas de 300 euros. A continuación, este documento se trasladará al Ministerio Fiscal y al propio juez, sin ser definitivo.
IMPULSO A LA INSTRUCCIÓN
En la queja remitida al Poder Judicial, Manos Limpias solicitó que se "promuevan las actuaciones necesarias para dar el impulso necesario al procedimiento concretando las posibles imputaciones, así como que se depuren las responsabilidades en las que haya podido incurrir el instructor del procedimiento".
En la exposición de los hechos, el documento explica que el pasado mes de marzo se cumplieron cinco años del inicio de las actuaciones, sin que "en los dos últimos años se haya venido desarrollando actividad de instrucción o investigación de ninguna clase, no existiendo ni tan siquiera un funcionario a cargo del sumario en el Juzgado".
"Desde hace muchos meses el Magistrado no provee, ni contesta a los recursos, lo que supone una grave dejación de sus funciones2, señala el escrito, que recalca acto seguido que "esta situación está ocasionando una extrema indefensión para los imputados".
Además, reseña que "a pesar de que el año pasado fue creado un Juzgado Bis de apoyo, para disminuir la carga de trabajo de Juzgado de Instrucción n 32, el procedimiento de diligencias previas referido no ha sufrido el más mínimo impulso".
"Existen más de 100 personas inculpadas con imputaciones de tipo general, no estando la mayor parte de los hechos comprobados, y parte de la instrucción no se ha completado De seguir así este procedimiento, los imputados culpables podrán alegar dilaciones indebidas, e incluso prescripción de algunos", agrega.
Recientemente, el juez dicto diversos autos en los que concretaba algunas de las imputaciones. Por ejemplo, levantó la imputación que pesaba sobre el viceconsejero de Presidencia e Interior y exviceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
En cambio, desestimó en otro auto la petición de sobreseimiento de Joaquín Fernández de Castro, ya que los indicios de delito que le implican en la causa "no han quedado desvirtuados y siguen subsistiendo".
