Las Oficinas del Consumidor del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid trabajarán de forma coordinada en la gestión de las reclamaciones, según el convenio suscrito hoy entre ambas administraciones. El acuerdo, firmado por el delegado de Economía, Miguel Ángel Villanueva y el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, tendrá, entre otras consecuencias, la colaboración en materia de protocolos de inspección, control en los sectores de consumo y resolución de denuncias. Estas medidas repercutirán en la mejor protección de los derechos del consumidor y evitará duplicidades en los procedimientos.
Mediante este instrumento se pretende conseguir mayor eficiencia en la prestación de un servicio público tan demandado por los madrileños como la protección de sus derechos en materia de consumo, aprovechando la experiencia que ha supuesto la vigencia del convenio que ambas administraciones formalizaron en febrero de 2003 para la de protección de los consumidores madrileños.
La colaboración y participación en materia de consumo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid se extenderá a un total de ocho programas. Entre ellos se acuerda la gestión coordinada de las reclamaciones, solicitudes de información y denuncias de los consumidores, en el marco del Sistema Unificado de Reclamaciones vigente en la región.
La cooperación en arbitraje de consumo contempla, entre otras líneas de actuación, la adopción de criterios comunes para la tramitación de solicitudes de arbitraje, cuestión de especial relevancia dado que la vigente normativa estatal es susceptible de diversas interpretaciones cuando, como es el caso de la Ciudad de Madrid, concurren diversas juntas arbitrales de Consumo en el mismo ámbito territorial.
Evitar duplicidades
El programa de inspección y control de mercado contempla la colaboración de ambas Administraciones en los procedimientos de la Red de Alerta, dirigidos a la detección y retirada del mercado de productos que puedan entrañar algún riesgo para la seguridad de los consumidores. Se acuerda también el establecimiento de un programa general de control de mercado que incorpore los criterios de coordinación en materia de protocolos de inspección, sectores a controlar, resolución de denuncias, y el apoyo y asistencia entre los servicios de consumo de ambas administraciones.
En lo relativo al régimen sancionador, ambas partes se comprometen a prestarse mutuamente información, ayuda, asistencia técnica, orientación y asesoramiento en la interpretación de infracciones y sanciones.
El programa de códigos de buenas prácticas de consumo apuesta por el fomento de estos instrumentos de autorregulación empresarial, como herramientas para elevar el nivel de calidad de los servicios prestados por los empresarios a los consumidores y usuarios madrileños, prestándose apoyo mutuo en la elaboración y aprobación de los códigos desarrollados tanto por la Comunidad como por el Ayuntamiento.
Asimismo, se establecerá un programa de formación continua para los profesionales de consumo de ambas administraciones que garantice un nivel homogéneo de formación y la creación de una red de empleados públicos especializados en la protección al consumidor. También se estipula una programación coordinada de formación específica dirigida tanto a los consumidores en edad escolar como a los adultos.
