(EFE). El proyecto de Ley planteado por el Gobierno regional para modificar la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, de 2005, ya había introducido parte de estos cambios. Sin embargo, el texto aprobado por unanimidad contempla más modificaciones introducidas por la oposición, ya que amplía más allá de los servicios sociales el tipo de profesionales que pueden acreditar la situación de una víctima de violencia de género para acceder a una vivienda pública sin necesidad de denuncia.
Así, si no hubiera denuncia previa bastaría con presentar un informe técnico acreditativo por parte de los servicios municipales de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género. Este documento pasa a ser vinculante por Ley, al igual que la resolución administrativa por acoso sexual o acoso por razón de sexo y el informe elaborado por los servicios sociales.
Los profesionales sanitarios, educativos o de salud mental también podrán proponer conceder a una mujer la condición de víctima de violencia de género para que acceda a una vivienda pública, pero en estos casos la Dirección General de la Mujer tendrá que validar los informes en el plazo máximo de un mes.
El proyecto de Ley aprobado también establece que los centros de acogida tienen por objeto «dispensar alojamiento seguro, así como manutención y otros gastos a las mujeres y personas a su cargo por el tiempo necesario para llevar a cabo su recuperación» con un máximo de 12 meses.
La diputada de Podemos Clara Serra ha lamentado que hasta ahora se haya «condicionado» la ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género a que «hayan iniciado un procedimiento judicial». En su opinión, «dar la posibilidad» de que estas mujeres puedan «salir de la vivienda del agresor» y acceder a otra que éste no conozca les facilita «herramientas» con las que es «más fácil poner una denuncia».
«Denunciar es siempre un factor de riesgo, más en una comunidad que deniega prácticamente la mitad de órdenes de protección que las mujeres solicitan», ha dicho. En la misma línea, la diputada del PSOE-M Carmen Martínez Ten ha defendido que «muchas mujeres sólo están en condiciones de presentar una denuncia después de un proceso de recuperación».
«Con esta ley avanzamos y mejoramos en la protección de las víctimas de violencia de género», ha manifestado. La diputada de Ciudadanos Esther Ruiz considera que esta Ley, que ha dado «un giro de 180 grados a la propuesta inicial» del Gobierno regional, «va a suponer un antes y un después».
«Hemos convencido (al PP) de que las víctimas no pueden recibir recursos de forma excepcional (…) tiene que ser de forma prioritaria», ha señalado. Por su parte, la diputada del PP Nadia Álvarez considera que la denuncia es «fundamental para garantizar todas las protecciones a las víctimas» de violencia de género y cree que el acceso a una vivienda pública sin ella debería ser lo «excepcional».
Con todo, ha celebrado el «consenso» alcanzado con el resto de grupos parlamentarios en torno a este asunto y espera que siga «día a día durante toda la legislatura».
