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16/07/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Zapata insta al PP y a Cs a aclarar si "oír una charla" es una irregularidad
El concejal-presidente de los distritos de Fuencarral-El Pardo y Villaverde, Guillermo Zapata, ha defendido hoy la legalidad de cuatro contratos menores otorgados al grupo Tangente y ha instado al PP y a Cs precisar si para ellos "sentarse a oír una charla" puede constituir una irregularidad.

El concejal de Ahora Madrid ha respondido así en la comisión de vigilancia de la contratación en una comparecencia a petición de Cs, que le ha afeado que cuatro contratos de los distritos hayan recaído en Tangente, grupo del que proceden dos de las asesoras de Guillermo Zapata, según ha incidido la edil de Cs Silvia Saavedra.

Guillermo Zapata ha instado a la oposición a precisar el problema exacto que hay con estos contratos sobre los que -ha dicho- no tiene él la "responsabilidad última". El concejal de Ahora Madrid ha comparecido hoy en la segunda sesión de una comisión con un formato similar a las de investigación en la que tres trabajadoras municipales han ratificado que no ha habido ninguna irregularidad en los procesos de contratación.

El PP y Cs denuncian que el Gobierno de Manuela Carmena ha alimentado una "red clientelar" formada por empresas de economía social con las que, según denuncian los grupos, varios ediles y asesores tenían vínculos previos. En referencia a la acusación de Cs de que Zapata debía conocer al grupo Tangente porque fichó a dos asesoras procedentes de él, el edil ha pedido aclarar si "sentarse a oír una charla puede constituir alguna irregularidad" y ha afirmado que en ninguno de los contratos analizados en la Comisión de Vigilancia de la Contratación se ha encontrado problema legal.

"Creo de verdad que todo este procedimiento no tiene ningún sentido", ha dicho Guillermo Zapata respecto a la revisión de los contratos en la comisión. Además de los proyectos dependientes de Zapata, en la comisión de hoy se han analizado dos contratos menores otorgados a la firma Garúa -de Tangente- y otro al mismo grupo otorgado por Madrid Salud por valor de 430.000 euros en procedimiento abierto, así como otros siete contratos menores relacionados con programas de consumo sostenible otorgados desde el área de Salud, Seguridad y Emergencias.

También han cuestionado el PP y Cs al Gobierno de Manuela Carmena por encargar cuatro estudios de impacto del presupuesto (impacto social de políticas públicas, económico, medioambiental y de género) que podrían haberse contratado de forma global, en lugar de en cuatro bloques por un importe menor a 18.000 euros.

"Estamos ante un caso de fraccionamiento de libro", ha dicho la portavoz de Cs Silvia Saavedra, mientras que el PP ha criticado que esas evaluaciones se hayan externalizado en lugar de encargarlas a funcionarios y ha considerado que estos contratos han "impactado" en la red clientelar de Madrid.

Por parte del PSOE, su edil Erika Rodríguez ha considerado que los expedientes están "incompletos" aunque ha apoyado la realización de estos análisis y no ha puesto en duda que se encargasen mediante contratos distintos. Informes que, según ha justificado el director general de Hacienda, Pablo Gómez, tenían como objeto analizar el impacto de los presupuestos en ámbitos distintos y por ello no podían englobarse en un único paquete al requerir cada caso profesionales de distintas materias.

"No estoy fraccionando porque la capacitación técnica que se exige es absolutamente distinta la de unos y la de otros", ha defendido el director general de Hacienda, que ha dicho que si la intervención hubiera puesto trabas no se habrían tramitado. Por su parte, el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha defendido la transparencia del Ayuntamiento y ha dicho que todos esos contratos que generan dudas en la oposición están en el "portal de transparencia con un Excel". 

Y en referencia a las críticas de Silvia Saavedra y de la edil del PP Ana Román porque no haya comparecido en excoordinador de Ahora Madrid Toño Hernández, ha dicho que esa petición ha contado con el informe desfavorable de la Secretaría General del Pleno.

"Ya es podemita hasta el secretario general del Pleno", ha ironizado Jorge García Castaño, que ha calificado de "graves" y de "falta de respeto absoluta" las quejas de ambos grupos. Ante los reproches de la secretaria general técnica del área de Salud, Seguridad y Emergencias por su citación en la comisión cuando los contratos no dependían de ella, la edil del PP Ana Román ha aclarado que la han citado "porque aparece su firma" y, tras pedir que se llame a las personas indicadas, ha apuntado que quizás su silencio responde a "indicaciones de su jefe" que "le habrá dicho que tenga cuidado con lo que dice", según la popular.

La de hoy ha sido la segunda sesión de esta comisión que analiza los contratos menores otorgados a grupos cooperativos, después de que el pasado 29 de junio compareciese la edil Celia Mayer y varios empleados municipales que ratificaron que los contratos habían pasado "todos y cada uno de los filtros".









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