Unos 350.000 madrileños viven en pobreza severa, según un informe de CCOO

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El estudio “El Estado ‘Social’ de la Comunidad de Madrid” hace una radiografía de la “realidad social madrileña” a través de tres indicadores: el impacto de la pobreza y desigualdad, el estado de la Ley de Atención a la Dependencia y la respuesta del Sistema Público de Servicios Sociales. 

La secretaria de Política Social de CCOO en Madrid, Ana González, ha subrayado al presentar estos datos cómo la tendencia muestra que las familias con menores ingresos están “fuertemente golpeadas” por la pobreza, con una tasa del 34,4 % que aumenta hasta el 47% si son monoparentales. 

Además, ha destacado que la pobreza “se ceba con los jóvenes”: entre los 16 y los 29 años la tasa de pobreza a aumentado hasta el 31,5 %, cinco puntos más que en 2013, y 6 puntos más en los menores de 16 años, con una tasa del 27,3%. “Estamos hipotecando y comprometiendo a generaciones futuras al menos a dos generaciones futuras, y si hablamos de los menores de 16, casi a cuatro generaciones”, ha señalado González. 

Alerta igualmente de que hay una “normalización” de la pobreza, en la que el empleo ya no se erige como un elemento corrector, ya que el 12,5 % de la población ocupada es pobre, cerca de 366.000 trabajadores.  Así las cosas, el sindicato resalta que los mecanismos de protección de la Comunidad de Madrid son “incapaces de amortiguar los efectos de la pobreza”, con una Renta Mínima de Inserción (RMI) que asciende a 468 euros y sobre la que, enfatizan, existe una “cronificación”, con 34 % de personas que la reciben desde hace más de cinco años. 

El secretario general de CCOO, Jaime Cedrún, cree que la Comunidad de Madrid “puede ir a pobreza cero”, aunque para ello hay que “hablar de fiscalidad” y no “regalar” el impuesto de sucesiones a 16.000 multimillonarios, sino recaudarlos.  Asimismo, ha reclamado una reforma del Estatuto de Autonomía, una Prestación de Ingresos Mínimos y una ley que garantice la coordinación de los esfuerzos de todas las administraciones a los diferentes niveles. 

En cuanto a la Ley de Atención a la Dependencia, González ha señalado que “está por debajo” de todos los indicadores estatales que miden el impacto de la norma.  Según el estudio, el 13 % de las personas con derecho a atención no la recibe, y existe una “restricción al acceso” porque el 25 % de las resoluciones son negativas. 

CCOO critica además que la Comunidad aplique “su modelo ideológico” en la gestión de la dependencia, mediante la apuesta por las prestaciones y el “cheque servicio” mientras que se estancan los servicios de alta intensidad, como la atención residencial o los centros de día. 

En referencia a los Servicios Sociales, González ha destacado que el 67 % de estas políticas públicas se gestionan con manos privadas y ha denunciado que la Comunidad “no ejerce el control” de las políticas que externaliza, dando lugar a “situaciones de desprotección”. El informe concluye que es una política pública “visiblemente desequilibrada”: el 72 % del gasto se concentra en políticas de mayores, dependencia y discapacidad, frente al 2 % de gasto destinado a servicios de atención primaria -de gestión municipal y directa.

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