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Denuncian el cierre de un albergue juvenil para convertirlo en un centro de acogida de MENAS

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En la actualidad, el todavía albergue pertenece a la Consejería de Cultura, pero el próximo 11 de febrero pasará a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), dependiente de la Consejería de Políticas Sociales de Familia, que lo gestionará de manera indirecta a través de una empresa privada en su conversión como centro de menores extranjeros no acompañados pendientes de juicio.

“Esta privatización es, en principio, provisional, aunque la experiencia en casos similares nos dice que lo que se privatiza rara vez vuelve a ser público”, señala a través de un comunicado la organización. “Desde CSIF consideramos que no existen razones para privatizar este centro, ya que han tenido tiempo de sobra para hacer contrataciones desde que se adoptó el acuerdo por el que se cambiaba la actividad del albergue, el 31 de octubre del año pasado”.

Según ha podido saber el sindicato, con este cambio de actividad la práctica totalidad de su personal se va a ir a otros destinos dentro del AMAS, principalmente residencias de ancianos, ya que desde la Comunidad de Madrid les ofrecen la posibilidad de hacerlo y llevan 20 años sin concurso de traslados. No obstante, estos trabajadores sólo han tenido desde el 28 de enero hasta el día de hoy, 4 de febrero, para elegir destino.

“En definitiva, se cambia la actividad y se privatiza un albergue que funcionaba bien pese a que no se publicitaba y se habían subido drásticamente las tarifas”. Para la responsable del sector de Administración General de Comunidad de Madrid (AGCM) de CSIF, Elena Moral, se trata de una “privatización encubierta y de un parche” al problema que tiene el Gobierno regional con los MENAS que, además, afecta a la catalogación como parque histórico de la Casa de Campo.

“Con este cambio de actividad, la red de albergues de la Comunidad de Madrid se quedaría con el albergue de Villa Castora, el de las Dehesas y el de Santa Cruz de Marcenado, que está en obras. Sería un cierre de un recurso público de gestión directa y la privatización de un centro de menores de Políticas Sociales. Es un tema muy delicado, que está tutelado por la Fiscalía de Menores y que requiere una especial atención”, ha afirmado Moral.

CSIF no entiende por qué la Comunidad de Madrid privatiza un recurso público, como es un albergue, y no mantiene en el mismo a sus trabajadores. “Es inconcebible que la Comunidad de Madrid no tenga sensibilidad sobre la tutela de menores no acompañados y lo deje todo en manos de empresas privadas”, señala Elena Moral.

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