El titular del Juzgado de Instrucción 37 de Madrid ha citado mañana a los dos principales responsables del depósito de cadáveres de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para que comparezcan como investigados en la causa que investiga el hacinamiento de cuerpos donados para la investigación.
Se trata del exdirector del departamento de Anatomía y Embriología Humana II José Ramón Mérida y del decano de la facultad de Medicina de la Complutense José Luis Álvarez-Sala.
Las declaraciones continuarán el martes con las comparecencias como investigados del gerente de la Facultad de Medicina, Jesús Bragado Morillo, y del director de Prevención de Riesgos Laborales, José Javier Sánchez González.
Todos ellos declararán ante el juez en el marco de la causa que investiga la denuncia de la técnico especialista Pilar Mansilla, contra la Complutense por supuestamente contraer cáncer y enfermedades respiratorias tras manejar cuerpos tratados con formol.
Más tarde se personarán otros cuatro trabajadores más por los problemas físicos causados por la exposición durante años al formol, un producto considerado como factor de riesgo cancerígeno que, según la querella, se concentraba en el área donde trabajaba en niveles hasta 25 veces por encima de lo permitido.
En sus declaraciones en el juzgado, los cinco empleados -junto a un sexto que ya declaró pero que todavía no se ha personado en la causa- relataron al juez los horrores que sufrieron por el hacinamiento de cuerpos donados para la investigación y las enfermedades que contrajeron en su centro de trabajo debido a la exposición al formol durante años.
La trabajadora que presentó la querella responsabilizó a Mérida del «absoluto descontrol» en el depósito de cadáveres, una persona que «solo quería más y más cadáveres y que no le importaba la historia clínica», como luego corroboraron sus compañeros.
Además, había hecho conciertos con varios hospitales y «no eliminaba los cadáveres antiguos por motivos económicos».
De todo ello era consciente Mérida, señaló la trabajadora, porque cuando ‘El Mundo’ publicó el reportaje denunciando la situación en el depósito, bajó al día siguiente con hasta 100 cubos para eliminar rápidamente los cadáveres. «Salió en prensa el lunes y el martes ya nos tenía preparados los cubos», apostilló.
Otro de los trabajadores, a los que representa el abogado José Luis Vegas, aseguró que fue entre 2012 y 2014 cuando empezaron a acumularse los cadáveres, que llegaban «a diestro y siniestro» y comentó que avisaban de que la cámara no estaba preparado para ello.
Este operario resaltó que en la mayoría de los casos no se les facilitaba el certificado de defunción, que desconocían las enfermedades que habían padecido los fallecidos y que una vez que sacaron los cuerpos se perfumó toda la facultad, y Mérida dijo que «los trapos sucios se lavan en casa».
También otro de los trabajadores advirtió a Mérida de las condiciones del horno y de hacinamiento de los cadáveres y explicó al magistrado que sacaron algunos cuerpos para incinerar pero no dio tiempo a hacerlo, por lo que «acabaron podridos».
