Los enfermeros de Madrid se adhieren a la querella contra Sánchez e Illa

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EL CODEM se suma a la querella presentada por el CGE contra Sánchez e Illa al no poveer éstos de los medios necesarios a enfermeros y médicos

El Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM) ha decidido personarse y adherirse a la querella interpuesta por el Consejo General de Enfermería de España (CGE) ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como varios cargos del departamento que éste dirige, por un delito contra la seguridad de los trabajadores al no proveer de los medios de protección necesarios a médicos y enfermeros. Paralelamente, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) también ha anunciado una querella contra el titular de Sanidad.

Con respecto a la primera acusación presentada ante el Alto Tribunal, ésta obedece a una decisión tomada por el CGE ante la falta de material suficiente que garantice la seguridad de los facultativos que asisten a los pacientes con COVID-19; lo que ha derivado en una oleada de contagios entre el cuerpo de enfermeros y médicos. Así, la comisión del citado consejo encargó a los servicios jurídicos que tomasen acciones penales. De esta manera se exigían responsabilidades respecto a la gestión del coronavirus en el ámbito sanitario.

Tras una extensa investigación se elaboró el extenso texto de la querella. El escrito incluye abundante documentación que evidenciaría la inoperancia del Ejecutivo central a la hora de dotar a los profesionales de los recursos adecuados. En este sentido, se explica cómo el Gobierno, conocedor de la existencia y alcance del virus desde finales de enero, no puso en marcha las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de médicos y enfermeros.

 

Delito contra la seguridad de los trabajadores

La querella presentada por el CGE imputa a Sánchez e Illa un delito contra la seguridad de los trabajadores (artículo 316 del Código Penal). Éste contempla que «los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses».

“Lo que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad de nuestros pacientes”, afirma el presidente del CGE, Florentino Pérez. Dichas declaraciones se suman a las del máximo responsable del CODEM, Jorge Andrada, quien defendía la adhesión de la institución que representa a la querella.

“La desprotección de los profesionales en la asistencia directa a los pacientes con COVID-19, por la falta de material o por su carácter defectuoso en algunos casos, ha sido sin duda la causa principal del alto número de profesionales sanitarios contagiados; y presuntamente causa del fallecimiento de varios de ellos”, señalaba Andrada. Éste indicaba a continuación que dicha circunstancia obligaba al CODEM a tomar “medidas legales”; así como a “exigir responsabilidades a las autoridades sanitarias”.

Tipificación similar la utilizada por el CESM

Por su parte, el CESM ha decidido interponer una querella criminal contra el titular de Sanidad acudiendo a los artículos 316 y 317 del Código Penal. Este último estipula que «cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, se castigará con la pena inferior en grado». Según reza el comunicado de la confederación, el ministerio del ramo “está poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario”.

En concreto, la acusación del CESM se centra en la distribución de mascarillas defectuosas por parte del departamento dirigido por Illa. Así, alude a la partida de suministros FPP2 de la marca ‘Garry Galaxy’. “Se ha utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad”, indica la institución en su comunicado. La misma exige ademas “soluciones inmediatas e información clara, transparente e indubitada por parte de las autoridades”.

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