La querella ha sido presentada contra Fernando Simón, y otros dos expertos sanitarios, por un presunto delito de imprudencia temeraria

Primera querella contra Fernando Simón. La crisis del coronavirus COVID-19 ha azotado con gran virulencia a España, que no ve todavía la luz al final del túnel. Las autoridades sanitarias se empeñan en pronunciar un mensaje optimista a la ciudadanía indicando que el pico de contagios está cerca; no obstante, no es menos cierto que las mismas voces que lanzan dichos esperanzadores anuncios son las que ahora se encuentran en cierta forma desacreditadas; en gran medida por la situación crítica que atraviesa el país.

Llegados a este punto, la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, ha tomado cartas en el asunto y señala directamente a los supuestos responsables de haber llevado a los españoles a un escenario tan dramático como el actual. Lo hace presentando una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por un presunto delito de homicidio imprudente y de lesiones  al no advertir a Gobierno y ciudadanía del peligro del coronavirus; así como del riesgo sanitario que supuso la celebración de actos multitudinarios como el 8M -con motivo del Día Internacional de la Mujer-. Ello, a juicio de la asociación, habría salvado numerosas vidas.

La querella, presentada ante el Juzgado de Instrucción de Madrid, evidencia cómo el doctor epidemiólogo, conocedor de las perniciosas consecuencias del coronavirus por los informes que recibía de organismos internacionales, «no informó al Gobierno con puntualidad y precisión de las medidas a adoptar en una situación de pandemia con contagio comunitario, así como informar a la opinión pública de las medidas a adoptar en este supuesto». De esta manera, la asociación responsabiliza al experto de que no se tomaran las órdenes oportunas. Asimismo, el escrito sostiene que se podría haber evitado el incremento de fallecidos y pacientes con cuadros graves.

 

Se escudan en las recomendaciones de expertos

Hasta la fecha, el Gobierno de Sánchez se ha parapetado en las recomendaciones que los expertos han trasladado a La Moncloa para defender su actuación; a pesar de que el tiempo ha revelado que dichas intervenciones han sido insuficientes para hacer frente al virus. Es por ello que la ACU José María Mena ha puesto el foco en las personas sobre las que el Ejecutivo se apoyaba. Así, la querella no sólo se centra en la figura del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El escrito también incluye los nombres de la directora general de Salud Pública, Calidad e innovación y del secretario general de Sanidad y Consumo, Pilar Aparicio y Faustino Blanco, respectivamente; ambos, autoridades competentes en el Ministerio de Sanidad. La primera por ser la máxima representante del órgano encargado de la prevención de enfermedades y la coordinación de la vigilancia de la salud pública. En cuanto al segundo, éste desempeña las funciones concernientes de la salud pública, coordinación interterritorial, alta inspección; así como planificación sanitaria, ordenación de las profesiones en la materia y desarrollo.

 

Constancia de la gravedad

“El presidente -Pedro Sánchez- indicó que había que guiarse por los científicos, que se guían por la ciencia; no por la política. Sin embargo, los querellados, en declaraciones públicas antes del 8M, sostenían que no había ningún peligro por el coronavirus. También indicaron que las transmisiones estaban controladas e, incluso, Fernando Simón aseguró que permitiría a sus hijos el poder acudir a actos masivos como la marcha del 8M. De ahí que no se tomaran medidas drásticas, como el confinamiento, y que no se comprara material sanitario para prevenir la avalancha que iba a venir”. Así lo advierte el letrado de la asociación que ha presentado la querella, José Luis Arroyo.

En el texto elevado al juzgado se aclara que Fernando Simón, Pilar Aparicio y Faustino Blanco conocían de primera mano los hechos que rodeaban al coronavirus, al menos desde el mes de enero. Entonces, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó que el COVID-19 era una emergencia de salud pública de carácter internacional. A partir de esa fecha, el organismo ha ido avisando a los diferentes estados de la situación de la pandemia. Igualmente, el Centro Europeo para el Control de las Enfermedades, al cual asesora el propio Simón, apercibía a los gobiernos sobre la letalidad de la neumonía procedente de China. «Todas las informaciones advertían muy seriamente de la transmisibilidad del virus y de la peligrosidad del mismo», incide el escrito.

 

Información de Wuhan e Italia

Asimismo, los querellados disponían de toda la información que llegaba de Wuhan -la ciudad china, epicentro del coronavirus- y de Italia. Contaban con las cifras de fallecidos y contagiados, además de las restricciones y medidas de control y contención que ambos países habían implementado. A esto hay que sumar los continuos comunicados emitidos por la OMS en los que se pedía por activa y por pasiva a los gobierno que se tomasen en serio la pandemia.

A este respecto, Arroyo explica que el Reglamento Internacional es un tratado ratificado por España y de obligado cumplimiento toda vez el secretario general de la OMS ha dictado la emergencia internacional, como así fue el caso el pasado 30 de enero.

Un mes después, el 24 de febrero, el comisario Kyriakides, junto con el comisario Lenarnic, notifican el peligro internacional del coronavirus; en esa fecha se publican también los objetivos estratégicos de la OMS para hacer frente al COVID-19. En dicho plan se hace referencia a la prevención de eventos de amplificación de transmisión del virus. Esta admonición se repitió en jornadas sucesivas. Paralelamente, la Unión Europea, por medio del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, informó de la posibilidad de contagio entre personas que estuvieran a menos de dos metros de un infectado y durante 15 minutos. Éstos no fueron los únicos sobre avisos que llegaron.

 

Fernando Simón restaba peso

El 3 de marzo, cuando en España se habían detectado 114 casos confirmados de COVID-19, «y siendo obvia la velocidad de crecimiento de las cifras de contagio», el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades publicó un informe alertando de que si bien el coronavirus causaba una enfermedad leve en aproximadamente el 80% de los casos, el 14% de los diagnosticados podrían padecer una sintomatología más grave; mientras que para el 6% de los infectados podría ser una enfermedad crítica -mortal-.

«Este informe argumenta que es crucial interrumpir las cadenas de transmisión al ser humano para evitar una mayor propagación y “…disminuir el pico de brotes y ralentizar el aumento de casos…” además es crucial para enfrentar la epidemia y “…salvar vidas así como minimizar el impacto socioeconómico…”», reza el escrito. Mientras que las distintas autoridades internacionales se empeñaban en prevenir a los países sobre el riesgo sanitario, económico y social que acompañaba al coronavirus, aquí Fernando Simón restaba peso a la grave tormenta que se aproximaba y se jactaba al afirmar que en España apenas se registraría algún caso de contagio.

 

 

El 8M y sus consecuencias

El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido recientemente que desde dicho departamento se tenía conocimiento de que el “contagio importante” del coronavirus en la Comunidad de Madrid -región más afectada por la neumonía de Wuhan- se situaba en la última semana de febrero. Llegados a este punto, el socialista evitó hacer una autocrítica por los actos multitudinarios que se celebraron en distintos puntos de España -las marchas del 8M y eventos deportivos- o el propio congreso que Vox acogió en Vistalegre.

El 8 de marzo, España había declarado 430 casos de personas infectadas y 5 muertes a causa del coronavirus. «Cuando China, con 1.200 millones de habitantes, declaró 411 personas infectadas, el día 25 de enero de 2020, ya había tomado medidas tales como medir la temperatura a todos los que entraban en Wuhan; había prohibido que grupos de turistas salieran de la ciudad; y había controlado todos los vehículos privados que entraban y salían de la ciudad.

Cuando Italia llegó a 326 personas infectadas declaradas, el día 27 de febrero de 2020, ya había prohibido abandonar los municipios afectados; el acceso a los mismos; la suspensión de eventos públicos o privados…». Sin embargo, parece que los antecedentes no sirvieron para que el Gobierno tomase medidas de calado; al tiempo que previniese a la ciudadanía de un mal que ha asolado de norte a sur España.

El escrito de la ACU José María Mena indica que las marchas feministas llegaron a reunir entre 350.000 y 375.000 en la capital y 220.000 en Valencia, mientras que en el caso de Barcelona se estimó que 200.000 ciudadanas secundaron la manifestación. Paralelamente, se permitió el 9 de marzo que hinchas italianos viajasen a Valencia con motivo del partido de Champions. Aunque el partido se jugó a puerta cerrada, los aficionados del Atalanta deambularon por la ciudad.

Las confesiones de Fernando Simón

Con toda esta información en su haber, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, fue dando palos de ciego en casa una de las intervenciones que pronunciaba de cara a los periodistas; y, por ende, de la opinión pública. «El 27 de febrero de 2020, el querellado Fernando Simón, manifestó que no conocían cómo había podido infectarse un paciente en Andalucía. Y confesaba que “el virus puede haber circulado por Andalucía y eso sí sería un riesgo”. El propio querellado y sus superiores eran conscientes de la gravedad de las reuniones o aglomeraciones de personas en esas condiciones».

El documento continúa detallando que «ese mismo día (Simón) declaró que el coronavirus posiblemente había llegado a España en la segunda semana de febrero. “El virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus ha llegado antes”. De este modo confesaba de nuevo lo incontrolable de la situación e indirectamente el peligro que suponían las reuniones de personas». No obstante, el doctor epidemiólogo manifestó entonces que no era necesario cambiar de escenario.

 

Se animó a la ciudadanía

Añadir, en relación con la celebración del 8M, que el propio Simón animó a la ciudadanía a acudir a la marcha feminista. “Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8M, le diré que haga lo que quiera”, expresó. Sin embargo, sí que se suspendió una maratón en Barcelona al entender que existía riesgo de contagio.

La asociación querellante sostiene que si en lugar de alentar prácticas que podían contribuir a la transmisión de la enfermedad se hubiesen prohibido, se «hubieran ahorrado miles o decenas de miles de contagios; con la consiguiente disminución de enfermos graves y fallecidos. Por no mencionar los fallecimientos que traen causa directa de la masificación de hospitales y que las medidas de aislamiento contribuyen a paliar».  «En el presente supuesto, el daño consiste en el incremento de las muertes y hospitalizaciones por la imprudencia de no avisar a la población puntualmente del riesgo que corrían si concurrían a eventos masificados», expone otro fragmento del escrito.

La compra del preceptivo material

No obstante, el drama de las víctimas no ha sido el único daño derivado supuestamente de la actuación de los expertos. Y es que según recoge la querella, ello hizo que el Ejecutivo central no adquiriese el material sanitario para afrontar el colapso que avecinaba. “Ahora soportamos los picos sin medios.

Otros países han encargado los recursos y nosotros estamos a la cola”, lamenta el letrado. “Ahora las muertes y enfermedades graves se multiplican porque no hay medios. Gente que se hubiera podido salvar si tuviésemos respiradores… Es una forma muy triste de despedirse de los mayores, los más vulnerables, a quienes les debemos el Estado del Bienestar”, continúa denunciando.

 

Calificaciones jurídicas

Por todo ello, la querella fundamenta su acusación a Simón y a sus compañeros en dos artículos del Código Penal. Por un lado, se recurre el artículo 142.1. El mismo contempla que aquel que por «imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado como reo de homicidio imprudente». En este sentido, se aplicaría el apartado de imprudencia profesional, que contemplaría, además de la inhabilitación, la pena de prisión de uno a cuatro años.

Igualmente, el otro artículo de la citada normativa al que acude la ACU José María Mena es el 152.1.1. Este último indica que aquel que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículo 147 será castigado. A su vez, el citado artículo explica que «el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses».

Por último, los querellantes no descartan que a medida que avance la investigación de los hechos aparezcan en la tribuna nuevos nombres; como el del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Si los científicos demuestran ante un juez mediante documentos que efectivamente el presidente estaba puntualmente informado de las instrucciones de la OMS y de las instituciones europeas sobre el peligro del coronavirus, y su letalidad, si estaba informado de todo ello y no hizo nada, entonces Sánchez es el responsable”, concluye el abogado.