Un correo remitido a las comandancias de la Guardia Civil solicitaba identificar bulos susceptibles de generar «desafección a instituciones del Gobierno».
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, salió al paso de lo que denominó un «lapsus» del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, quien en rueda de prensa había indicado que desde el Instituto Armado se monitorizaban bulos para “minimizar el clima contrario al Gobierno”. Las declaraciones del general derivaron en un seísmo político cuyos efectos intentó aplacar el Gobierno. Sin embargo, la polémica está lejos de zanjarse; menos si cabe después de conocerse que las comandancias de la Guardia Civil recibieron una instrucción en la que se solicitaba a los agentes identificar «bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno».
Dicha instrucción, avanzada por Cadena Ser, fue remitida vía correo electrónico desde el Estado Mayor de la Guardia Civil a todas las comandancias. El envío se produjo el 15 de abril, cuatro días antes de que Santiago alimentase la controversia al expresar que trabajaban por “minimizar el clima contrario al Gobierno”. Grande-Marlaska calificó de error dichas declaraciones, al igual que la Asociación Pro Guardia Civil (APROG). Difundido el contenido del correo remitido al Instituto Armado, las explicaciones del ministro quedan en entredicho.
Según el citado e-mail, el Estado Mayor de la Guardia Civil solicita la elaboración de un informe cada viernes. El mismo versa sobre distintos aspectos en materia de ciberseguridad y que guarden relación con el COVID-19. En concreto, se pedía a los agentes que aportasen datos sobre denuncias relativas a delitos informáticos; investigaciones judicializadas, así como delitos e incautaciones en el marco de la citada acción delictiva; denuncias administrativas tramitadas a las autoridades sanitarias por la comercialización online de productos considerados actualmente como recurso crítico; bloqueo o cierres de páginas web y perfiles de redes sociales «utilizados para fines fraudulentos o delictivos vinculados al COVID-19».
«Estrés social» y «desafección» al Gobierno
No obstante, el apartado que más polémica ha generado es el quinto epígrafe. Éste reza lo siguiente: «Identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada del COVID-19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno». Fuentes consultadas por el digital El Confidencial, son habituales las labores de combatir amenazas económicas y propaganda contraria a los intereses del Estado; sin embargo, el hecho de que en la instrucción se valgan del término Gobierno en lugar de Estado llama la atención.
