El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha ofrecido este miércoles al Partido Popular (PP) que el estado de alarma se extienda cuatro meses, y que el próximo 9 de marzo sea el Consejo Interterritorial de Salud el que «revise» si debe o no continuar.
Sánchez ha lanzado esta oferta en la sesión de control del Congreso al líder del PP, Pablo Casado, quién ha defendido su oferta de limitar el estado de alarma a ocho semanas para «salvar» la campaña de Navidad. Además, ha criticado la «cacicada» de ni siquiera acudir al Parlamento a explicarlo este jueves.
Por ello, Sánchez le ha ofrecido entonces al PP que apoye el estado de alarma de cuatro meses, y que el Consejo Interterritorial sea el que lo evalúe. «Primera revisión el 9 de marzo, segunda revisión el 9 de mayo», ha proclamado el presidente del Gobierno.
Sobre el límite a los alquileres
En otro orden de ideas, Sánchez ha asegurado que la limitación a los precios del alquiler en zonas afectará a contratos nuevos, y también a aquellos en vigor sobre la base del precio de contratos anteriores, tomando la información obtenida por los sistemas de índices de precios.
Así lo ha manifestado durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, en la que el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le ha preguntado por las medidas que contempla el Ejecutivo «para garantizar el derecho a la vivienda digna» durante esta crisis.
Sánchez ha asegurado, al respecto del encarecimiento de los precios del alquiler, que la contención de precios es «un debate necesario», que su Gobierno «no va a eludir su responsabilidad» y que aprobará estas medidas en «la primera Ley de Vivienda de la democracia española».
El presidente del Gobierno ha señalado que esta nueva ley contendrá «mecanismos de contención o eventualmente de bajada de precios», y que con ello «se contendrán las subidas injustificadas, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento interior, acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la Ley de Vivienda».
Estas medidas se llevarán a cabo «en zonas de mercados tensionados», que se determinarán en función de los índices de referencia. En este sentido, ha señalado que el sistema estatal de índice de precios de referencia es el resultado del análisis de más de 11,2 millones de datos de arrendamientos de inmuebles, a partir de fuentes tributarias.
La ley permitirá a comunidades autónomas y ayuntamientos para que, a partir de este sistema de índices de referencia puedan establecer un índice de precios «de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica» y, ha asegurado el presidente, «convalidará los avances de las comunidades que tengan definido un sistema de índice de precios del alquiler».
