Hay cosas que suenan mal desde el principio. Suena mal que, en un programa de estancias para mayores en balnearios, el Ayuntamiento se reserve a su disposición dos plazas gratuitas. Suena mal que, en el caso de que no se utilicen esas dos plazas, se cambien por bonos de viaje para el fin de semana con los gastos pagados. Y suena aún peor que en dos de los cuatro años en los que se llevó a cabo el programa, la adjudicación sea mediante procedimiento negociado sin publicidad, o incluso, declarando dicho servicio como “de especial urgencia por necesidad de interés público”.
Todo eso pasó en el Distrito de Ciudad Lineal entre los años 2008 y 2011, bajo la presidencia de la concejal Elena Sánchez-Gallar. Sonaba mal, y por eso desde el Grupo Municipal de UPyD decidimos pedir toda la documentación oficial. Lamentablemente, nuestras sospechas se confirmaron.
Los papeles a los que hemos tenido acceso –en el ejercicio de nuestros derechos como oposición, y haciendo el trabajo para el que los madrileños nos votaron hace casi cuatro años– demuestran que los viajes gratuitos fueron en algunos casos utilizados fraudulentamente, por ejemplo, por personas que por edad no podían acceder al programa. ‘Casualmente’, esas personas son cercanas al Partido Popular, como sus vocales vecinos (los representantes de los distintos partidos en los distritos), y a la concejal Sánchez-Gallar. Pero hay más: hasta en 38 casos, las estancias gratuitas no se utilizaron y se cambiaron por bonos de viaje. Preguntamos, por vía oficial y reglamentaria, quién había viajado a cuenta del dinero de los madrileños… y sólo nos dieron el nombre de dos personas. ¿Y el resto?
No es la primera vez que denunciamos irregularidades en la gestión de la concejal Sánchez Gallar, que también, por cierto, es la presidenta del PP en el Distrito de Centro. Sin ir más lejos, este mismo año pedimos su dimisión, después de una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 28 de la capital, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, concluyese que Sánchez Gallar actuó «sin conformidad a derecho» al declarar desierto un concurso público para gestionar el programa anual cultural de Ciudad Lineal, al que se presentaron tres ofertas, para otorgarlo después a la empresa Idea. Fue una adjudicación de más de 600.000 euros a una empresa que en los cuatro años que Sánchez Gallar presidió el distrito de Hortaleza logró hasta en tres ocasiones la adjudicación de las fiestas de este distrito con notorias irregularidades, según denunció en su día la oposición.
Por eso hemos vuelto a pedir la dimisión de Sánchez-Gallar. Tiene que dimitir porque llueve sobre mojado. Tiene que dimitir porque no se pueden utilizar los recursos públicos para pagar favores y crear y mantener redes clientelares de apoyo. Y, sobre todo, tiene que dimitir porque la sociedad española ya no aguanta más corruptelas y exige ejemplaridad. Necesitamos una democracia de más calidad, y prácticas como éstas no pueden tener cabida en ella.
