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¿Un ‘Estado del Bienestar’ para pobres?

Se habla mucho últimamente, y desde ámbitos y personas que se dicen “de izquierdas” de introducir modificadores en la prestación de los servicios públicos. Es decir, en ajustar la recepción de estas prestaciones según la renta de cada ciudadano, y no, como hasta ahora, aspirando a la educación y la sanidad, sobre todo, universales y gratuitas, con independencia del nivel de renta de quien lo requiere. ES UNA MALA IDEA. MUY, MUY MALA IDEA.

Me explico, a riesgo de ser contestado por un amplio grupo de quienes se creen la izquierda más pura del país. Y por toda la derecha, aunque esta última generalmente prefiere callar dado que le beneficia que esa idea cale entre los que deberían defender la universalidad de las prestaciones.

En primer lugar porque excluye del sistema a las clases medias. Si los trabajadores se ven obligados a pagar, muchos optarán por otras alternativas (medicina privada, colegios concertados) con lo que su compromiso con los servicios públicos desaparecerá aún más (y con ello su presión electoral) y acabarán pareciéndose cada vez más a la antigua y tan negativa beneficiencia. Pasaríamos a la caridad en lugar de servirnos de la solidaridad y, habitualmente, los servicios para pobres son servicios pobres. Es exactamente lo que está pasando con la educación pública en Madrid. El desplazamiento de las clases medias a la educación concertada hace que nadie se preocupe porque los colegios públicos funcionen bien, que en los procesos electorales no se valoren las propuestas que plantean su mejora, y su deterioro en general es manifiesto.
 
En segundo lugar, y también muy importante, es que al final se acaba excluyendo gente que de verdad lo necesita. Pongamos el límite al nivel en que lo pongamos, siempre habrá quien, por una situación puntual o por un sistema de baremación que no se ajuste a su realidad, quedará en un segmento de pago que no puede afrontar. Y no es ese, desde luego, el objetivo que debería seguir  “la izquierda”. Por el contrario, y por el mismo motivo, muchas personas serían injustamente eximidas de pago cuando por ingresos o propiedades están mejor capacitadas para pagar que los que sí son obligados a ello. El deterioro de imagen que esta situación de quién paga y quién paga más produce sobre los servicios públicos es un factor muy a tener en cuenta.
 
Habría otros motivos por los que no estoy a favor de esa medida de segmentar pagos en la atención pública, pero estos dos son de mayor repercusión, puesto que solo se pueden conseguir unas buenas prestaciones si se tiene una percepción de su utilidad por parte de la población. Si la mayoría trabajadora piensa que no son para ellos, y por tanto, paga impuestos para “esos” (pobres, emigrantes, gitanos…) o si percibe que existen grandes discriminaciones a la hora de aplicar esos copagos, la supervivencia del Estado del Bienestar será breve. Si os fijáis, los grandes ataques contra los servicios públicos se basan precisamente en extender estas sensaciones en la población.
http://elola.blogia.com
@JJElola

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