La opacidad es la mejor amiga de la corrupción. Por eso se necesitan controles, preguntas en los Parlamentos, solicitudes oficiales de información… toda esa serie de procedimientos, a veces ‘fríos’, que hacemos los grupos de la oposición en las instituciones democráticas, como el Ayuntamiento de Madrid. A veces, fallan los controles, y el corrupto se aprovecha. Pero es aun más preocupante cuando esos controles simplemente no existen.
El pasado 27 de febrero pregunté en Pleno a la alcaldesa por los 132.000 euros que la candidatura olímpica Madrid 2016 dio a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, uno de los negocios de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, ahora investigados por la Justicia. Ese dinero se transfirió sin que nadie sepa a cambio de qué, como ha reconocido el propio Ayuntamiento de Madrid, lo que, según la Fiscalía, es un indicio de malversación de fondos públicos. La alcaldesa tuvo una respuesta sorprendente: si se había desviado dinero, no había salido del Ayuntamiento de Madrid, cuando esta institución fue, obviamente, el principal motor de la candidatura, a la que dedicó ex profeso, según el anterior alcalde, 16 millones de euros. Madrid 2016 dio dinero, al parecer para nada, a Urdangarín y Torres, pero ese dinero no salió de las arcas del Ayuntamiento de Madrid, según nos dice Ana Botella, que con esta argumentación nos pide un acto de fe.
No obstante, no quiero detenerme en la posible corrupción, sino en cómo se pusieron las bases para que ésta pudiera darse. Para ello, me voy a basar en un informe del Tribunal de Cuentas, el principal órgano fiscalizador de la gestión económica del sector público, dedicado precisamente a las fundaciones nacidas de los ayuntamientos, como fue en su día la Fundación Madrid 2016. Allí el organismo de vigilancia ponía el acento en que las fundaciones locales escapan de su control, recomendando que esto dejara de ser así. Está claro, a la luz de los acontecimientos, que era un peligro que una forma jurídica opaca, como es una fundación local, manejase un enorme volumen de dinero público.
Muchos nos tememos que esos 132.000 euros tuvieron un destino espurio y desde luego muy alejado de lo que es el espíritu olímpico. ¿Se puede hacer algo? Pues sí, por mucho tiempo que haya pasado. El Ayuntamiento puede enviar las cuentas de la Fundación al Tribunal de Cuentas para dejar clara su voluntad de transparencia y lucha contra la corrupción (más vale tarde que nunca) y, además, se puede aprender de los errores, algo especialmente importante al estar inmersos en una nueva carrera olímpica. Lo primero ya se lo pedimos en Pleno a la alcaldesa, y nos dio la callada por respuesta. ¿Aprenderán al menos que donde faltan los controles democráticos surgen los problemas de corrupción?
