Reforma de la Constitución

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Publicar esto me puede traer conflictos, pero como diputado me siento obligado. Me gustaría comenzar por defender la legitimidad del Parlamento. La propia Constitución Española plantea que ciertos cambios menores pueden ser aprobados directamente por las cámaras. Se exige una amplísima mayoría y un gran acuerdo. El apoyo actual supondría la traslación de 25 millones de votos. Ni ilegal, ni ilegítimo. 

La necesidad de una reforma célere es obvia. Contri-buirá a facilitar el crédito y al Banco Central Europeo la compra de deuda española. Visto el ajetreado mes de agosto no se puede esperar a enero. ¿Esclavos del mercado? Menos que cualquier trabajador, que nos vemos obligados a ‘desnudarnos’ e-conómicamente ante el ban-co para solicitar un crédito.
 
Aunque no me considero fan de la ‘estabilidad presupuestaria’, tampoco me parece que afecte de forma radical a las bases de nuestro país y no veo preciso un referéndum. Hasta la fecha en España se han celebrado varios referéndums que se han caracterizado por una participación bajísima, y un reflejo en sus resultados del posicionamiento de los partidos políticos. No es que esto reste importancia a los referéndums, pero es significativo. Consultas sobre estatutos de autonomía o sobre la Constitución Europea, de mucha mayor transcendencia, se han saldado con participaciones simbólicas.

Desde el punto de vista político, el actual sistema con un endeudamiento sin límite supone el secuestro por parte de los políticos que estén en el momento gobernando sobre los presupuestos de años posteriores. Plantearía in-cluso poner límite a los compromisos presupuestarios que se puedan fijar de una legislatura para las siguientes. Un alcalde con delirios de grandeza puede dejar establecidos unos gastos fijos para presupuestos posteriores, debido a su endeudamiento, que condicionen la capacidad de futuros equipos de Gobierno municipal.

El límite de déficit no tiene por qué ser un límite a la prestación de servicios o a los gastos sociales. Desde luego, hasta ahora, los endeudamientos del Estado o de las Comunidades Autónomas no han sido un ejemplo de gestión ni de mejora de servicios. Endeudarse más no es dar mejor servicio. El mejor ejemplo es el del Ayuntamiento el de Madrid, con una deuda muy superior a cualquier otro organismo y unos servicios en decadencia, consecuencia de esa deuda. La mejora en la gestión, la implicación de los ciudadanos en política y la participación de los ciudadanos (que es mucho más que votar o que hacer un nuevo referéndum ahora sobre el límite de deuda) serían mucho más efectivas para mejorar los servicios públicos y su gestión que el actuar como hasta ahora, sin más límite a la capacidad de endeudamiento que el que los propios políticos de turno se fijen.

Queda una objeción para aquellos que ven los presupuestos como motor de la economía. Pero la crisis actual ha evidenciado que el endeudamiento excesivo de algunos países lejos de solucionar su situación, la agravó, contagiando al resto de Europa. Los Presupuestos Generales del Estado deben ser un sistema de redistribución de renta, desde el punto de vista de la recaudación (que paguen más los que más tienen), y del gasto (la política social). Esa redistribución activa la economía, al poner dinero y liberar de gastos imprescindibles a las clases medias: cómo íbamos a tener el nivel de vida que disfrutamos si no tuviéramos cubiertas la Sanidad y la Educación. 

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