El fenómeno de la inmigración constituye hoy el reto más urgente al que se enfrentan las sociedades occidentales. Las graves implicaciones que este hecho tiene para la convivencia obliga a los gobiernos a una política inmigratoria responsable, que vele en primer término por el bienestar de los ciudadanos a los que representa. Nuestro país recibe cada vez más inmigrantes, y Madrid, en concreto, se ha convertido en su destino preferido. Es justo reconocer los valores económicos y sociales que puede traer consigo la multiculturalidad, a la que no puede renunciar una metrópolis moderna como es hoy la capital de España. Pero ese bagaje positivo no puede fomentarse a costa de otro más imperioso: la seguridad ciudadana. Una legislación confusa y débil y la política de ‘papeles para todos’ que parece alentar el Gobierno de España corrompen la esencia positiva del fenómeno inmigratorio. Es preciso proteger a los ciudadanos, impedir la entrada de ilegales y combatir la cuota de inmigración asociada a delincuencia. Lo merecen los inmigrantes legales, para que no paguen justos por pecadores, pero lo merecen sobre todo los ciudadanos españoles.
