Los representantes de Derecho Ciudadano a Decidir han denunciado a Fernando Simón por cometer “crímenes de lesa humanidad y genocidio” durante la crisis del coronavirus.
Los tribunales de Justicia han tratado de evitar a Fernando Simón. Algo que no ha dejado pasar la Policía Nacional con la denuncia interpuesta por el partido Derecho Ciudadano a Decidir.
La Policía de Gandía; localidad valenciana donde se interpuso la denuncia, investiga ahora los hechos. Lo hace después de que el decanato de los Juzgados de ese partido judicial no aceptase la denuncia alegando que “deberían esperar a terminar el estado de alarma”.
El escrito consta de un detallado informe con todas las actuaciones del doctor Simón. Pese a que los representantes de Derecho Ciudadano a Decidir están convencidos del éxito de su demanda, lo cierto es que se han topado con algunos handicaps en su camino, fundamentalmente los económicos.
La interposición de la denuncia y el respaldo policial
En sus redes sociales explican que: “aunque la denuncia está presentada mediante atestado policial en una comisaría de Gandía no hemos conseguido un sólo abogado con el suficiente valor para que nos represente al menos para exigir al juzgado de instrucción al que lo haya presentado la policía que se pronuncie para saber en qué estado está la denuncia para poder actuar en consecuencia”.
Según aseguran los denunciantes “la denuncia está perfectamente fundamentada jurídicamente. Nos acogemos al Código Penal español (art. 407 y 407 bis «DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD»). Lo hacemos para agotar primero las vías legales de nuestro ordenamiento jurídico puesto que la Corte Penal Internacional de La Haya exige este requerimiento para los países no dictatoriales; y las pruebas son irrefutables”. La formación política solicita «ayuda para juzgar al eslabón más débil de la cadena de este Gobierno de monstruos: Fernando Simón no está aforado”.
Además,explicitan que “no tienen ninguna información y nos la han negado siempre” sobre cómo va la investigación policial. Del mismo modo, informan de que tampoco tienen “contestación sobre una segunda denuncia que también hemos presentado posteriormente ante el mismísimo Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid. Un juzgado presidido por la juez María del Carmen Rodríguez-Medel”; a la que también los denunciantes han enviado un dossier.
La denuncia está perfectamente documentada en relación a la narración de los hechos acontecidos durante los días previos y durante la pandemia. Asimismo, se compone de un “importante fundamento y base jurídica”. Del mismo modo, fuentes policiales han explicado que la denuncia está “en periodo de instrucción”.
