Después de que la Delegación del Gobierno y el consistorio mantuviesen un enfrentamiento para dirimir qué administración debía terminar con el asentamiento, en la madrugada de hoy, viernes 4 de octubre, los funcionarios han procedido a retirar un total de 141 tiendas de campaña, identificar a 87 personas y deteneder a un individuo sobre el que pesaba una reclamación judicial.
De esta manera, casi un centenar de efectivos de la Policía Municipal han integrado el dispositivo de desalojo, el cual también ha contado con 50 agentes del cuerpo nacional y tres dotaciones del Samur Protección Civil, si bien estos últimos no han tenido que intervenir. No obstante, el personal del Samur Social, que también ha acudido al lugar, atendieron a 48 hombres y nueve mujeres durante la actuación.
Los afectados han manifestado que el desalojo ha sido “ilegal”. «La Policía Municipal no nos ha mostrado ninguna orden judicial que les autorizase a reprimir nuestra concentración de protesta y también ha vulnerado otros derechos, como el derecho a la intimidad, al abrir las tiendas donde estábamos algunas personas durmiendo y descansado, obligándonos a abandonar nuestra protesta», ha explicado uno de los portavoces de las personas acampadas, Micky Carrera.
El mandatario popular de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ya advirtió a principios de semana que tanto el consistorio como la Delegación de Gobierno trabajarían conjuntamente para poner fin a una “okupación ilegal” como la del Paseo del Prado. Por su parte, la responsable del organismo dependiente de la Secretaría de Estado, Mª Paz Vegas, ya indicó que «la decisión de desalojo es competencia del Ayuntamiento de Madrid porque no hay ningún problema de orden público».
Esta iniciativa surgió en un primer momento en otras ciudades de España -Barcelona, Cádiz, Sevilla…-, llegando las protestas a la capital, donde decenas de personas comenzaron acampando hace tres meses en las cercanías el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. «Al principio empezamos tres tiendas y poco a poco se han ido uniendo más», explicaba otra de las portavoces del movimiento, Rita.
En este sentido, los manifestantes solicitaron al Gobierno autonómico que pusiese en marcha el denominado ‘Plan de Inclusión de la Comunidad de Madrid para las personas sin hogar 2016-2021′ que la Asamblea aprobó cuando Cristina Cifuentes ostentaba la Presidencia. «Un trabajo digno es lo que necesitamos, un sueldo acorde al coste de vida», señalaba a la agencia Europa Press otra de las integrantes del movimiento.
Asimismo, también exigían que se cumpliese lo indicado en la Constitución española en cuanto al apartado de vivienda digna se refiere: «Cuando te dejan sin techo se vulneran derechos fundamentales. No tenemos derecho a la intimidad porque nos tenemos que cambiar en la calle, tampoco a nuestra integridad física porque estamos expuestos a agresiones o enfermedades por vivir en la calle. Son derechos al máximo nivel y no se puede dejar a la gente en la calle sin apoyo», señala la portavoz del movimiento.
A finales del mes de agosto, el Ayuntamiento de Madrid indicó que se había prestado ayuda a un total de 21 personas sin hogar que permanecían acampadas en el Paseo del Prado. De ello informó el mandatario popular, José Luis Martínez-Almeida. Fuentes consistoriales aclararon que muchos de los manifestantes “van y vienen”, cifrándose en una docena las personas que no disponían de una solución habitacional.
