La Fiscalía de Madrid ha solicitado dos años y seis meses de prisión a un agente de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional que acabó “por error” con la vida de un alunicero que trataba de hacerse con el cajero de bitcoins de la peluquería Marco Aldany sita en la confluencia de las calles Diego de León y Núñez de Balboa -en el madrileño distrito de Salamanca-. Según indicaron fuentes de la investigación entonces, el efectivo en cuestión indicó que pensaba que el arma sólo tenía cartuchos de fogueo, y que apretó el gatillo para intimidar a los ladrones.
En la madrugada del 21 de diciembre, un grupo de aluniceros intentaba acceder al interior del establecimiento ayudados de dos vehículos y mazas. El agente en cuestión, de 40 años y con una dilatada trayectoria profesional a sus espaldas, acudió junto a otros compañeros al lugar donde se estaba produciendo el asalto para tratar de impedirlo. De camino, en el furgón policial, el acusado cargó el arma con dos cartuchos, primero de posta y luego de salva, que se utiliza para intimidar.
A su llegada, los agentes observaron que los delincuentes intentaban huir en los dos vehículos. En un intento por frustrar la fuga, el uniformado se bajó del furgón y descerrajó un tiro que dio a la luna trasera. Convencido de que su escopeta estaba cargada correctamente, pronto se dio cuenta el agente de que se había confundido a la hora de introducir los cartuchos. El disparo impactó en uno de los asaltantes.
La víctima, que contaba con antecedentes por delitos de robo con fuerza y robo con violencia e intimidación, fue abandonada a las puertas del centro hospitalario por sus compañleros, el mismo con el que huyeron acto seguido. El joven presentaba tres heridas por arma de fuego -el impacto de bala y los producidos por las postas- en la espalda y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios le realizaron al hombre prácticas de reanimación durante 30 minutos, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.
Según ha avanzado el diario ABC, ahora la Fiscalía reclama a la Administración General del Estado el pago de 103.000 euros, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, para los familaires de la víctima. Asimismo, el Ministerio Público exige 30 meses de prisión para el agente de la Policía Nacional causante de la muerte del alunicero.
