En este sentido, CSIF ha criticado que se desplacen estos cinco juzgados para dar cabida a la fiscalía en la actual sede de Julián Camarillo, cuando lo lógico sería ubicar toda la fiscalía en el nuevo edificio. El presidente de CSIF Justicia Madrid, Juan José Carral, ha considerado positivo que la Comunidad de Madrid les haya informado de este proyecto en mesa sectorial, aunque lamenta que haya sido tarde, cuando ya no queda margen para llevar a cabo algunos cambios propuestos por los representantes de los trabajadores. “La unificación y el traslado de juzgados que plantea la Comunidad de Madrid afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y debería haberse negociado previamente”, sostienen desde la organización.
Está previsto que las obras de la nueva sede de C/ Albarracín finalicen el próximo mes de agosto, con lo que el traslado de los órganos judiciales afectados se realizará entre septiembre y octubre. Entre los cambios propuestos por CSIF en la reunión figuran que las salas de vistas de la nueva sede se agrupen en la planta baja y no cada una pegada a su juzgado, para evitar la circulación de las personas que acuden a los juicios por el resto de dependencias judiciales; o que se habiliten más plazas de aparcamiento, ya que las destinadas para el personal que trabajará en esta sede son claramente insuficientes.
En este sentido, CSIF critica que la reunión fuera meramente informativa, “dejando fuera a los trabajadores del diseño inicial de reparto de espacios de trabajo en estos nuevos juzgados. No obstante, este sindicato considera que el traslado a la nueva sede supone un cambio para bien en lo relativo a las condiciones de los empleados públicos, a falta de conocer con más detalle el proyecto”.
“En CSIF, tal y como hemos señalado en muchas ocasiones, apostamos por la reagrupación de sedes judiciales y la mejora significativa de las instalaciones donde debemos realizar nuestro trabajo, pero estos planes siempre deberán acompañarse del diálogo con los trabajadores y de una mayor información, sobre todo para evitar disfunciones que puedan afectar al servicio público que proporcionamos a los madrileños”.
